Como ya se ha visto en otros artículos de este blog, la secta Opus difícilmente deja escapar a sus presas (ver ACOSOS) y por esta razón, sería una gran ingenuidad creer que después de tener el monopolio del Gobierno en tiempos de la dictadura de Franco, dejase tan fácilmente los puestos neurálgicos del Estado. El Tribunal Supremo, y en especial la Sala II de lo Penal, es uno de los puestos clave que esta secta nunca iba a dejar escapar de su control, especialmente si tenemos en consideración que de este control depende la impunidad de sus crímenes. No voy a referir aquí si los componentes de la Sala II de lo Penal reconocen ser del Opus o no, pero sí referir sus actuaciones, que en mi opinión evidencian quien compone realmente esta sala del Tribunal Supremo. Lo que no cabe duda es que la mayoría de los Magistrados de esta Sala II son miembros impuestos por el PP (el partido del Opus) Para más información ver SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.
Interesante este texto extraído de la fuente mencionada:
Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. «Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante», reflexionaba un ministro de entonces.
La solución no arregló demasiado las cosas. Una reforma legal exigió que los nombramientos del Supremo y de las presidencias de tribunales superiores se aprobaran por mayoría cualificada, lo que exigía el acuerdo de 13 de 21 vocales del Poder Judicial. La situación ha degenerado en el inevitable mercadeo entre los colectivos judiciales más representados en el Consejo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), para evitar el bloqueo permanente de las plazas de altos cargos.
Los ocho magistrados que accedieron en la época de Aznar siguen marcando la diferencia. En la composición actual de la Sala Penal, de una plantilla de 15 magistrados, nueve pertenecen al bloque conservador, y los otros seis, al progresista. El desequilibrio se acentuará si, como apuntan fuentes del Poder Judicial, el próximo en acceder a la Sala es el fiscal Antonio del Moral, un conservador del Opus Dei, cuyo nombramiento promueven sus homólogos a cambio de que el candidato de la vocal Margarita Robles, el portavoz de JpD, Miguel Ángel Jimeno, presida el Tribunal Superior de Cataluña.
Las normas internas de la propia Sala, impulsadas por la mayoría conservadora, contribuyen a mantener la situación. Los magistrados eméritos, que siguen en activo tras cumplir los 70 años, han sido excluidos de las «causas especiales» -las que afectan a políticos y jueces aforados- y de los plenos jurisdiccionales. Tres de ellos son progresistas y el cuarto, conservador. «Nos tienen para sacar papel», alega el progresista José Antonio Martín Pallín, uno de los cuatro que siguen en la Sala.
La estrategia del PP para la red Gürtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiación ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Diseñada por Trillo (conocido miembro del Opus Dei), funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa y, a renglón seguido, anular las escuchas telefónicas y cuanto «traiga causa de ellas».
De este texto se deduce que la imparcialidad del Poder Judicial que se garantiza por ley, en el Tribunal Supremo no existe, entre otras razones, porque si los integrantes del Consejo General del Poder Judicial están elegidos por políticos, solo cabe esperar la consiguiente alineación de los miembros del T.S. y su parcialidad. En mi opinión el actual sistema por el que se nutre el T.S. es claramente inconstitucional en cuanto pone en grave peligro los valores superiores de igualdad ante la ley y justicia. Y debería de garantizarse que los miembros del Tribunal Supremo fuesen reputados jueces por su imparcialidad en su carrera profesional y no por sus alineaciones ideológicas o políticas.
En cuanto a si estos magistrados puestos por el PP reconocen ser del Opus o no, recordar lo siguiente:
«En la constitución del Opus Dei, redactada en 1950, el artículo 191 afirma: «Los miembros numerarios y supernumerarios sepan bien que deberán observar siempre un prudente silencio sobre los nombres de otros asociados y que no deberán revelar nunca a nadie que ellos mismos pertenecen al Opus».
Voy a exponer algunos ejemplos de sus actuaciones que confirman quienes son en realidad estos Magistrados:
1) Ver este caso de una mujer que fue estafada durante 18 años donde se le niega compensación de ninguna clase: El Supremo apoya que el Opus Dei no alimente a una mujer que se dio de baja
«El Tribunal Supremo ha rechazado que el Opus Dei esté obligado a alimentar a una mujer que se dio de baja de esta institución, dependiente de la Iglesia, tras entregar sus salarios durante 18 años».
En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid dio la razón a la mujer y condenó al Opus Dei a abonarle hasta que cumpliera los 65 años una renta anual de 27.742 euros o bien a pagarle 277.426 en concepto de liquidación de las relaciones «jurídico-económicas mantenidas».
La mujer invocó también en su recurso un precepto del Vademécum de la Prelatura del Opus que señala que a «los que no siguen adelante» hay que tratarles «siempre con mucha caridad» y hacer con ellos «lo que nos gustaría que hiciesen con nosotros si nos encontrásemos en las mismas circunstancias». Para el Supremo, ello no implica «una obligación de alimentos contractual». Fuente: Diario Público
Sobre este hecho, desearía añadir, que al parecer existen casos donde esta secta deja escapar a sus víctimas. En este caso, la víctima después de haber entregado su sueldo durante 18 años, se encuentra en situación de desempleo, lo que supone una carga incómoda para la secta, si es que esta mujer no está dispuesta a seguir dándolo todo a cambio de nada. En mi opinión deberían de perseguirse estos fraudes, por los que ciudadanos entregan todo su dinero sin saber exactamente lo que están haciendo, sin exigir pagos a la seguridad social que los cubra, y desde luego engañados al creer que el Opus actúa de buena fe. (Ver LA SECTA OPUS Y LA MENTIRA) Solo el hecho de que el Opus no haya pagado la seguridad social de esta trabajadora dejándola sin nada, es motivo más que suficiente para que esta secta fuese condenada por ley.
2) La actuación del Tribunal Supremo ante las denuncias contra el conocido miembro del Opus Dei Federico Trillo por los delitos que se le han imputado (homicidio, malversación de fondos del Estado y falsedad documental), y quienes a pesar de constarles que decenas de muertes fueron causadas por un fraude al dinero público del que este opusino era el máximo responsable, muy lejos de iniciar una rigurosa investigación, archivaron las denuncias contra este beato del Opus por «no ver indicios de delito» . Que yo sepa, aún sigue sin saberse a manos de quién a ido a parar ese dinero que ha causado tantas muertes, y por la conducta de Trillo todo parece apuntar a que no le conviene que se sepa el destino de ese dinero. Todo esto ocurre a pesar de haber sido Trillo condenado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, a excepción, claro está, del PP el partido del Opus.
3) La actuación contra el Juez Baltasar Garzón donde el Poder Judicial ha roto con sus costumbres procesales para acelerar la suspensión del Juez Garzón a pesar de la oposición del Ministerio Público. Si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo no ha aceptado a trámite las 13.345 denuncias contra Aznar o las imputaciones contra el conocido miembro del Opus Dei Federico Trillo. se puede apreciar con más nitidez la parcialidad de los componentes de este Tribunal. (Ver LA SECTA OPUS Y EL JUEZ BALTASAR GARZÓN) La parcialidad del Tribunal supremo también se evidencia en esta otra publicación: ANOMALIAS EN EL PROCESO AL JUEZ GARZÓN
4) También interesante mencionar la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo en relación a la corrupción:
«Urquía dictó una resolución a cambio de dinero…
Muy diferente fue la postura que mostró en la sentencia por el caso del juez Francisco Javier Urquía, que había sido previamente condenado por el TSJ andaluz por prevaricación al quedar demostrado que Urquía había dictado un auto con el que favorecía a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, a cambio de dinero para comprarse una vivienda. El Supremo anuló esta decisión del tribunal andaluz en 2009 con la firma, entro otros, de Varela. El auto admitía que Urquijo actuó a cambio de dinero, pero apuntaba que el delito de prevaricación debe tener “autonomía propia, sin que pueda quedar contaminado por la finalidad de beneficiar a algún interesado en la resolución que se dicte”.
Con estos «razonamientos jurídicos» los magistrados del T.S. «perdonan» a un reputado juez corrupto. A un indecente, inmoral e indigno de ejercer la judicatura. En cambio, esos mismos magistrados, inhabilitan de sus funciones, nada menos que al juez Garzón. Un juez conocido por su celo por la justicia, como deberían de tenerlo todos los jueces.
5) Mi propio caso donde el Tribunal Supremo no ve indicios de delito en las actuaciones de un juez del Opus que mediante una PROVIDENCIA y mediante un CERTIFICADO DE DOMICILIO DE CONTENIDO FALSO, como se demostró, para darle «aparente» competencia, autorizó un internamiento forzoso en un centro psiquiátrico sin respetar ninguno de los preceptos que establece la ley. Esta conducta les valió una querella criminal por prevaricación y encubrimiento de detención ilegal, pero como era de esperar en el Tribunal Supremo la desestimaron con unos argumentos indignantes. (ver QUERELLA CONTRA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO así como DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS)´.
6) El caso Naseiro: La estrategia del PP para la red Gürtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiación ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Diseñada por Federico Trillo (conocido miembro del Opus Dei), funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa y, a renglón seguido, anular las escuchas telefónicas y cuanto «traiga causa de ellas». (ver más en el caso Naseiro)
7) El Tribunal Supremo avala que colegios del Opus Dei que reciben dinero público, discriminen por razón de sexo, creencias religiosas y impartan una «educación» no gratuita. Como se desprende de las acusaciones de UGT: «El sindicato aduce en su recurso que estos tres centros no merecen las ayudas públicas porque «discriminan por razón de sexo, ya que son solo de niños o de niñas, no satisfacen necesidades de escolarización porque son de élite, al pertenecer al Opus Dei impiden la admisión de alumnos que no participen de las creencias religiosas que este profesa, no imparten enseñanza gratuita y cobran por actividades complementarias». Fuente: El supremo avala la separación de niños y niñas en colegios. Solo añadir que el Tribunal Supremo tardó, según esta fuente citada, casi 6 años en pronunciarse, y esto tiene especial relavancia si se tiene en cuenta la reacción del Poder Judicial ante las denuncias por la trama de corrupción judicial: Las denuncias se archivan y la jueza que denunció esta trama de corrupción es sancionada por «retrasos» en la función judicial, cuando todos sabemos los «retrasos» no sancionados y exagerados en casos como las denuncias a Aznar, el Yak-42, etc. Fuente: El País
8) El tema del dinero negro (ver DINERO NEGRO) donde aunque el fraude fiscal de esta secta es enorme, es impensable en España que se persiga, entre otras razones por la previsible actuación del Tribunal Supremo. Interesante sobre este tema el recordar la actuación del «Estado» en el caso RUMASA donde el Estado paga miles de millones al Opus en concepto de renta que el Opus debía de recibir, no por dinero que el Opus había prestado, sino por el dinero que el Opus había recibido prestado. Esto es una humillación a la sociedad española, pero tenemos que sufrir estas humillaciones hasta cuando? (Ver caso RUMASA) Si tenemos en cuenta el contexto de grave crisis económica en la que se encuentra España, es mucho más indignante que no se persigan estos graves delitos y en cambio se rebajen sueldos, pensiones, etc. No me canso de repetir el peligro que supone una secta semejante en puestos del Estado con acceso al dinero público. En mi opinión sería inmensurable la cantidad de dinero que llevan malversado y estafado al Estado hasta el momento. y lo que les queda por robar hasta que no se les detenga.
Podría seguir refiriendo casos, pero en mi opinión con lo ya expuesto, se puede entender en que situación nos encontramos los ciudadanos, donde el Estado de Derecho es una falacia indignante que nos deja a todos en la máxima indefensión. En mi opinión deberían de interponerse querellas masivas contra las actuaciones de estos magistrados e intentar impedir a toda costa y de forma activa que gente semejante siga en el Tribunal Supremo. De la sociedad española depende que esto cambie.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
LA SECTA OPUS Y EL JUEZ BALTASAR GARZÓN
LA SECTA OPUS Y EL DINERO NEGRO
La secta Opus Dei 