La secta Opus Dei

Según cuenta como anécdota Luis Carandell en “Vida y milagros de monseñor Escrivá de Balaguer” el fundador del Opus Dei exclamó: «Nos han hecho ministros”, cuando supo que socios de la Obra entraron a formar parte del Gobierno español. Esta exclamación denota probablemente las consecuencias que iba a tener para el Estado español que una secta como el Opus comenzase a formar parte del Gobierno. El hecho de tener miembros del Opus en puestos clave del Estado que les permite acceso al dinero público, es potencialmente un peligro, porque la fidelidad hacia su secta está por encima de los intereses del Estado, según confiesa la ex-numeraria Agustina López de los Mozos en su testimonio²⁹. Si además tenemos en cuenta que según el sociólogo Alberto Moncada, todo el dinero del Opus Dei es dinero negro¹, podemos afirmar que el Opus es en toda regla una organización criminal, y no es difícil imaginar qué consecuencias puede tener que una secta peligrosa tenga acceso a los bienes públicos.

Se sabe que el Opus Dei tiene una voracidad por los bienes ajenos escalofriante, y son muchos los casos conocidos que demuestran su falta de escrúpulos para apropiarse de lo ajeno. Por poner solo algunos ejemplos bien documentados, recordar como obtiene el Opus herencias (ver cap. V) o también de como explotan a sus presas sin que la víctima cotice en la Seguridad Social².

Realmente el Opus Dei tiene el control del Estado español desde tiempos de Franco³, y fue en tiempos de la dictadura cuando diseñaron una estrategia para perpetuarse en el poder engañando a la sociedad mediante el control de los medios de información⁴. A pesar de este control no pudieron impedir que algunos casos de corrupción, en los que el Opus Dei estaba implicado, se publicasen debido a la magnitud del saqueo del que fue víctima el erario español.

Ya desde sus comienzos, cuando empezaron a ocupar cargos en el Gobierno de la dictadura de Franco, ocasionaron el mayor escándalo financiero conocido en España hasta entonces, a causa de la cuantía del dinero estafado y la cantidad de falsificaciones de las que se valieron para conseguirlo: el caso Matesa, una estafa por la que una empresa, gracias a miembros del Opus, recibía créditos multimillonarios del Estado y mediante engaños conseguía beneficios enormes. Pero este gran fraude al dinero público quedó impune gracias al indulto que Franco otorgó a los miembros del Opus implicados, y no solo los perdonó, sino que además aumentó el número de miembros del Opus Dei en el Gobierno, hasta tal punto, que la secta llegó a tener el monopolio de la práctica totalidad de los Ministerios.

Esta conducta de no perseguir los delitos de miembros del Opus Dei, para incluso “premiarlos”, no es algo endémico de tiempos de la dictadura, sino que se sigue practicando en nuestros días, demostrándose que las cosas no han cambiado en la supuesta “democracia” que muchos españoles, al parecer, creen vivir. Algunos de los ejemplos más notorios han sido el caso del opusino Federico Trillo, nombrado portavoz de justicia de su partido tras el escándalo del YAK-42⁵, causado por un fraude al dinero público que costó la vida a decenas de ciudadanos españoles, y el caso de Pilar Valiente⁶ dimitida por el caso GESCARTERA⁷, otro escándalo financiero de empresas del ámbito del Opus Dei, quien fue nombrada jefa adjunta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Para hacerse una idea aproximada de hasta qué punto la secta Opus puede saquear el dinero público con impunidad, basta recordar el caso RUMASA⁸. Un caso donde un miembro del Opus “presta” enormes sumas de dinero al Opus Dei, para que se devolviese en un plazo de 75 años con una renta que el Opus no debía de pagar, sino que debía de recibir por parte de quien le había prestado el dinero. La mejor prueba de que el Opus hace lo que quiere con el dinero público, es que el Opus recibió miles de millones del Estado, en concepto de esa renta por el dinero que el Opus había recibido prestado. Los responsables de ese saqueo se supone que eran miembros del Opus Dei representando los intereses del Estado.

Pero este caso no es aislado, según este texto extraído de un artículo del periódico Tribuna⁹:

“La forma de actuar del Opus es de aspiradora, permitiendo el crecimiento y absorción de empresas en un rubro determinado, hasta que llegan a un tamaño crítico, luego del cual son vaciadas en forma fraudulenta y sus fondos transferidos a instituciones del Opus.”

El peligro no es solo que esta secta pueda saquear a placer las arcas del Estado, sino que también puede perseguir y castigar a cualquier funcionario que intente hacer algo para impedirlo. Recomiendo acaloradamente escuchar un programa de radio de la Cadena Ser donde interviene el antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quién explica de forma clara la situación¹⁰. España está siendo brutalmente saqueada y el dinero se evade a paraísos fiscales. La Unión Europea intentó tomar medidas contra estos paraísos fiscales, pero esto fue impedido por el PP europeo. Es importante hacer notar que el PP desde que llegó al poder, ha ido descabezando sistemáticamente la cúpula policial y organismos del Estado responsables en la lucha contra el crimen económico¹¹, deteniendo y obstaculizando en la medida que han podido las investigaciones del caso Gürtel¹², que en contra de lo que muchos creen o quieren hacer creer, es un caso mucho más grave y profundo que una simple financiación ilegal del PP, es un caso que estaba desvelando un verdadero saqueo al dinero público y la evasión de este dinero a paraísos fiscales¹³. En mi opinión, las actuaciones del PP para impedir cualquier investigación sobre paraísos fiscales los delata como culpables, al menos en grado de colaboración¹⁴.

Aunque no menciona para nada a la secta Opus Dei, sí habla de las actuaciones del PP que es el brazo político del Opus Dei¹⁵. Por esta razón yo titularía el programa “El Estado a los pies del Opus Dei” en lugar de “El Estado a los pies de la mafia”¹⁰.

Otro programa de radio interesante es el conducido por David Serquera en Radio Gamsci sobre la presunta corrupción inmobiliaria del PP¹⁶, que, aunque está denunciada a la unidad de delincuencia organizada de la policía, es previsible, como es habitual, la actuación de la fiscalía¹⁷ y del Poder Judicial¹⁸ cuando los implicados son de los “suyos”.

La razón de la falta de actuación de la fiscalía en graves delitos económicos es denunciada por el ex-fiscal Jiménez Villarejo, a quién el Fiscal General del Estado le prohibió investigar a cierta gente.

Se entiende que el saqueo no va a acabar mientras una organización criminal¹⁹ esté en el poder. No solo se trata de las ingentes cantidades de dinero que estafan²⁰ con el pretexto de la “crisis”, también se trata de empresas públicas rentables que son malvendidas a especuladores que abusan de la población²¹, para no hablar de la inmensa cantidad de propiedades públicas que han sido inmatriculadas a nombre de la Iglesia²².

Es evidente que la UE tiene complicidad en todo este asunto. No parece que sea casualidad que al frente del BCE se encuentre un ex-Goldman Sachs²³, un grupo gigante de banca con casos de fraude, al igual que una indecente presencia en la especulación inmobiliaria en España. También es muy sospechosa la “presión” del BCE para que Bankia, una vez nacionalizada con fortunas de dinero público, sea vendida lo antes posible a precio de ganga²⁵.

La amnistía fiscal de Montoro es otra prueba del saqueo que está sufriendo el erario español:

El tema de las amnistías fiscales en España es un ejemplo de cómo se traiciona al interés público al dar un trato privilegiado a quienes merecen un castigo ejemplar.

Desde el principio se sabía que una amnistía fiscal suponía un atentado contra los valores superiores de la Constitución Española de igualdad y justicia, y que por esta razón era ilegal. Pero el Tribunal Constitucional mediante una sentencia tardía ha permitido que se cometa el atropello, además de la impunidad de quienes han colaborado con semejante fraude.

Vamos a centrarnos en la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro para comprender el alcance de la posible responsabilidad criminal en la que pudieran incurrir los implicados en este proceso.

La amnistía fiscal de Montoro surge tras la revelación de las listas de Falciani, que delataban a cientos de contribuyentes españoles con cuentas en una sucursal de un banco en Suiza. Según Falciani, la cantidad que las autoridades españolas podrían recuperar de los defraudadores ascendía a 200.000 millones de EUR¹³. Esta cifra la estimaba basándose en la documentación que él tenía en su poder. El Gobierno en lugar de perseguir a los responsables de fraude fiscal, los perdonó por su posible responsabilidad criminal, y además les hizo rebaja de tal forma que muchos pagaron en concepto de impuestos considerablemente menos del ya insultante 10% que Montoro había propuesto en un principio. El resultado fue que de esos 200.000 millones que se podrían haber recaudado gracias a las listas de Falciani, solo se recaudaron menos de 2.000 millones de EUR en base a una clara complicidad del Gobierno con los delincuentes defraudadores. Montoro ha demostrado su trato de amistad con los delincuentes económicos al encubrirlos, perdonarlos y darles trato especial de una forma insultante para los contribuyentes. Solo imaginar que hubiera sucedido si Pablo Iglesias hubiese estado incluido en las listas de Falciani, probablemente le hubiese faltado tiempo para hacer públicos sus posibles delitos y denunciarlo como hizo con Monedero².

Dentro de las posibles conductas delictivas tipificadas en el Código Penal español que recoge la amnistía fiscal de Montoro, se me ocurría en un principio que podrían ser: administración desleal, cooperación necesaria para fraude fiscal y alta traición. Pero para salir de dudas le pregunté a un catedrático de Derecho Penal de una universidad española, antiguo conocido, que me respondió lo siguiente: “…y prevaricación, malversación, cooperación activa y en comisión por omisión de defraudaciones a la Hacienda Pública, Seguridad Social, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos, etc.”

No cabe duda de que la actuación de Montoro no solo es inconstitucional, sino que también supone un conjunto de actuaciones delictivas que debieran de ser perseguidas de oficio. Es indignante que tan solo se publiquen tímidas peticiones de dimisión, cuando en realidad estamos ante un caso evidente de corrupción del que debieran depurarse responsabilidades penales. Las pérdidas al erario público que supone la amnistía fiscal de Montoro ascienden a más de 198.000 millones de EUR, y esto sumado a los más de 100.000 millones de EUR regalados³ a los bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia, etc., nos da una idea del saqueo que están realizando con total impunidad, aunque probablemente los datos aportados sean tan solo la punta de un iceberg.

Entre las atribuciones del Tribunal Supremo hay una muy especial que es la de “conocer y decidir en única instancia los procesos de responsabilidad civil o penal contra el presidente y los ministros del Gobierno de la Nación”.

A pesar de que la amnistía fiscal del PP fue ilegal y supuso la comisión de gravísimos delitos por parte de los responsables del Gobierno del PP, el Tribunal Supremo no ha procesado a nadie por esta amnistía que ha supuesto al erario español una pérdida tan enorme de dinero que tanta falta hubiese hecho para hacer frente a los gastos sociales. No deja de sorprender que las únicas voces que se alzan sobre este asunto solo reclaman hacer públicas las listas de los defraudadores sin exigir un proceso penal por cada uno de los defraudadores incluidos en las listas, además de procesar a sus encubridores del Gobierno del PP.

No se trata solo de la evasión de impuestos, sino que también habría que investigar la procedencia de tan formidables fortunas que son escondidas en paraísos fiscales precisamente para evitar dar explicaciones sobre el origen del dinero.

La sospechosa postura del PSOE de no hacer públicas las listas de defraudadores muestra una vez más la complicidad de este partido supuestamente de izquierdas con el saqueo que está sufriendo España, y dan lugar a fundadas sospechas de que entre las listas deben estar incluidos dirigentes socialistas. De esta forma evidencian que prefieren el escándalo de la opacidad a tener un escándalo más por delitos económicos a sus espaldas.

Sobre el pretexto del derecho al honor para ocultar la identidad de los delincuentes, hay que observar que a quienes defraudan tanto dinero a la sociedad no les debe de preocupar mucho la honorabilidad de sus actos y, por otra parte, no existe ninguna ley tanto en España como en la Unión Europea que impida hacer públicas las identidades de defraudadores y evasores de impuestos. Por esta razón tampoco es sostenible el pretexto del derecho a la intimidad cuando se trata de delincuentes y sus delitos. Se ha utilizado también como pretexto la Ley General Tributaria siendo así que el art. 95 “reconoce el carácter reservado, que no secreto, de los datos con trascendencia tributaria” y este artículo no se refiere a las cantidades evadidas ilegalmente sino a “los datos obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones”.

Otro factor doloso en la amnistía fiscal del PP, es que usó como argumento que con esta amnistía saldría a la luz mucho dinero oculto para de esta forma aumentar las arcas del Estado, cuando la realidad es que se conocía la identidad de la mayoría de los defraudadores antes de que el Gobierno decidiese proteger a los delincuentes económicos recogidos en las listas de Falciani. Y como resultado, de los 200.000 millones de euros que Falciani había estimado que podría recuperar el erario español, se recuperó escasamente una centésima parte.

Los 200.000 millones de las listas de Falciani se refieren a una sucursal de un banco inglés en Suiza, pero se entiende que estas inmensas fortunas son solo la punta de un iceberg, porque no incluyen las cantidades evadidas en otros bancos suizos, bancos en Panamá, Liechtenstein, Islas Caimán, etc.

El Tribunal Supremo como máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España y como competente para procesar penalmente al presidente del Gobierno y sus ministros, ha permitido y está permitiendo el saqueo de España y como ejemplo más reciente permitiendo la impunidad de los responsables de la ilegal amnistía fiscal y sus delincuentes beneficiarios. Es asombroso que ninguna asociación, partido político o grupo en la sociedad no haya puesto una querella criminal contra los magistrados del Tribunal Supremo por prevaricación y encubrimiento de los delitos mencionados sobre la amnistía fiscal. La sala competente para conocer de los delitos cometidos por magistrados del Tribunal Supremo sería la sala del art. 61 de la LOPJ. De esta forma, aunque es previsible que prevaricaran los magistrados de la sala del art. 61, se haría aún más patente la traición que supone a la sociedad un sistema judicial donde su órgano de gobierno es elegido a dedo por partidos políticos reputadamente corruptos, perpetuando así la impunidad y el saqueo del país.

También es conocido que ministros del Opus Dei fueron pioneros en la práctica de lo que hoy se conoce como “puertas giratorias”.

En política la expresión puerta giratoria se refiere a una conducta que está tipificada como delito en varios países como Francia, Canadá y Japón, y aunque en España esta conducta no esté tipificada como delito, esto no quiere decir que no se trate de comportamientos ilegales generalizados. Vamos a analizar estos comportamientos ilegales que conlleva la práctica de las puertas giratorias.

Cuando hablamos de puertas giratorias en un contexto político, estamos hablando de altos cargos públicos que al terminar su mandato se van al sector privado donde ocupan, en muchos de los casos, puestos privilegiados en empresas, las cuales ofrecen generosas remuneraciones económicas que no se corresponden con el tiempo de trabajo ofrecido. Por ejemplo, con frecuencia el trabajo se reduce a unas pocas reuniones al año sin ni siquiera tener experiencia en el sector que se supone que los ex-políticos tienen que asesorar. Tal es el caso de Arsenio Fernández de Mesa, ex-director general de la Guardia Civil que, sin experiencia ni estudios en el sector energético, se le incorporó como consejero en el REE con un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. Estos sospechosos privilegios al ocupar cargos en el sector privado, suelen ser consecuencia de los favores que han hecho los altos cargos públicos en el ejercicio de sus funciones al sector privado que, en pago, ofrece generosas ofertas para ocupar entre sus cargos directivos. Lo más grave de estas conductas es que, en muchas ocasiones, suponen un grave perjuicio de lo público en beneficio de los intereses privados de los que los políticos corruptos pasan a formar parte.

Delitos:

1) Administración desleal: Este delito está tipificado en el artículo 252 del Código Penal, y se refiere a delitos contra el patrimonio al administrar bienes ajenos causando perjuicio a sus propietarios. En el caso de las puertas giratorias se han dado casos de vender empresas públicas rentables como, por ejemplo, Endesa, que su proceso de privatización supuso un expolio a los ciudadanos que financiaron mediante la tarifa eléctrica las inversiones que hicieron de Endesa una gran empresa rentable. El expolio se inició con el gobierno del PSOE de Felipe González y se culminó con el gobierno del PP de Aznar. Curiosamente ambos, Aznar y González, terminaron en los consejos de administración de empresas eléctricas, al igual que otros muchos cargos del PP y del PSOE.

2) Tráfico de influencias: Se trata de delitos por los que prevaleciéndose de un alto cargo se influye en la administración para sacar beneficio. Las actividades de los lobbies influyendo a la administración para beneficio propio en perjuicio de lo público, se suelen realizar por medio de políticos que pertenecen a un lobby, y estas actividades se podrían encuadrar dentro del delito tipificado como tráfico de influencias. En España el lobby por excelencia es el Opus Dei, y la práctica de las puertas giratorias se lleva realizando desde los tiempos de Franco, especialmente por parte de ministros opusinos que después pasaron a ser banqueros como, por ejemplo, López Bravo, López de Letona, Oriol, etc. que pasaron al Banesto. Mariano Navarro Rubio que de ministro de Hacienda pasó a gobernar el Banco de España para, más tarde, ser condenado e indultado por el escándalo Matesa, etc.

3) Malversación: Es un delito que tiene que ver con la sustracción o uso indebido de un patrimonio. En el caso de las puertas giratorias se trata de políticos que tienen a su cargo la custodia de un patrimonio público, y que lo malvenden para ser después recompensados. Ejemplos de malversación son la venta de empresas públicas rentables, regalar dinero público a bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia que mediante la opusina ley de Aznar de 1998 se permitió el expolio de lo público sin control de los bienes expoliados y los beneficios derivados de estos, etc.

4) Prevaricación: Se trata de un delito cometido por funcionarios o cargos públicos que en el ejercicio de sus funciones actúan a sabiendas de forma arbitraria incumpliendo su deber.

5) Alta traición: Supone cometer un acto de extrema deslealtad hacia un país, en este caso malvender los bienes públicos o regalarlos a intereses extranjeros. Por ejemplo, malvender empresas públicas rentables a capital extranjero, o regalar inmensas cantidades de propiedades públicas a la Iglesia Católica que, en definitiva, sus bienes están a disposición de la potencia extranjera llamada Vaticano. En mi opinión, se atenta contra la soberanía y seguridad del Estado.

6) Cohecho: Consiste en el ofrecimiento, pago o promesa de una ventaja económica por realizar un acto en el ejercicio del cargo.

No descarto la posibilidad de que las puertas giratorias puedan recoger más conductas tipificadas en el Código Penal español, pero ya con los delitos expuestos, sería suficiente motivo para procesar a los responsables del expolio de los bienes públicos y, en mi opinión, no solo eso, sino que además se podría exigir la devolución de los bienes expoliados y procesar a los receptores de estos bienes públicos por ser coautores de estos delitos o cooperadores necesarios según el caso.

Aunque las puertas giratorias pueden suponer un conjunto de comportamientos ilegales, los cuales serían motivo suficiente para una persecución de oficio por parte del Ministerio Público en defensa de la legalidad, habría también que pensar en las consecuencias drásticas que han supuesto para la sociedad. Por ejemplo, sobrecargando injustamente a tantas familias españolas al aumentar las tarifas eléctricas varias veces al año hasta alcanzar los precios más altos de la UE. La alevosía está en las ganancias multimillonarias que estas eléctricas han conseguido gracias a ensañarse con la indefensa población española. Pero hay consecuencias de la corrupción mucho peores para la población como los desahucios gracias a la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, las muertes por falta de asistencia médica, etc.

Todos los abusos recogidos en la práctica de las puertas giratorias se permiten gracias a la corrupción del Tribunal Supremo, competente para conocer de los delitos de los presidentes de gobierno y sus ministros que, por acción u omisión, permanece impasible ante tantas ilegalidades que asolan el país con terribles consecuencias económicas para la población. Estas son las consecuencias de que políticos reputadamente corruptos designen a dedo a los componentes del Consejo General del Poder Judicial.

Por último, comentar que las mafias financieras que controlan los Gobiernos parecen haberse puesto de acuerdo en practicar la usura para enriquecerse. Según explica el catedrático de Economía Juan Torres López³¹ los países de la Unión Europea renunciaron a la posibilidad de tener un banco central que les prestara a muy bajo interés, para pedir prestado en lugar a la banca privada a unos intereses que están provocando la quiebra de muchos estados. El lector puede comprender qué clase de honradez tienen los políticos responsables de esta decisión. Pero la tomadura de pelo llega hasta el punto de “rescatar” a la banca privada con dinero público sin investigarse6 los bancos “rescatados” y con esto no hace falta explicar más.

Muchos extranjeros se extrañan de por qué Rajoy no ha dimitido con todo su pleno del PP tras hacerse públicos los numerosos escándalos de su partido²⁶. Muy lejos de dimitir, en las recientes elecciones autonómicas y municipales el PP se ha destacado por la “honestidad” que le caracteriza, con numerosos intentos de hacer trampas en las elecciones²⁷. Todos los casos publicados son posiblemente la punta de un Iceberg, si se piensa que es muy difícil que se hayan detectado y publicado todos sus intentos de fraude en las elecciones. El afán por delinquir para conseguir ganar las elecciones podría interpretarse como el deseo de un ladrón en conseguir las llaves de la casa que desea “limpiar”, y no una limpieza con detergentes, como pretenden hacer creer al afirmar que su deseo de estar en política es para servir al país²⁸.

1- Elorduy, Pablo. (2008) “Alberto Mocada: Todo el dinero del Opus Dei es dinero negro” opuslibros.org

2- Público. (2015) “Monedero denuncia a Montoro por un delito de revelación de secretos” publico.es

3- Diaz, Eva (2021) “El coste para el Estado del ‘rescate’ bancario se eleva a 101.500 millones”. eleconomista.es

4- Martínez, Ramón. (2015) “Opus Dei y medios de comunicación” elespiadigital.com

5- yak42.net46.net

6- El País. (2012) “Montoro asciende en Antifraude a Pilar Valiente, dimitida por Gescartera” elpais.com

7- Los Genoveses  (1998-2007) “¿EL MONOSABIO DE GESCARTERA?” losgenoveses.net

8- Cacho, Jesús. (1986) “El Estado abonó 1.588 millones al Opus Dei después de la expropiación de Rumasa”. El País 29/06/1986.

9- Medina, Javier. (2003) “Cadena contra el Opus Dei. Un grupo uruguayo alerta contra el oscuro grupo” periodicotribuna.com.ar

10- El Estado a los pies de la mafia. (2012) Programa de la Cadena Ser “La Ventana” de Juanjo Millás con Carlos Jiménez Villarejo

11- Villanueva, José Carlos. (2013) “Rajoy se deshizo de la cúpula antifraude en plena investigación del caso Gürtel” eldiario.es

12- Ruíz, Javier. (2013) “Montoro endurece su control de la Agencia Tributaria: suma 310 ceses en 18 meses” vozpopuli.com

13- Águeda, Pedro. (2013) “Falciani cifra en 200.000 millones el dinero que se evade en impuestos”. eldiario.es

14- EFE. (2012) “El PP impidió la creación de una subcomisión sobre paraísos fiscales”. Publico.es

15- Martínez, Ramón. (2015) “El Opus Dei y el PP”. elespiadigital.com

16- La corrupción inmobiliaria del PP de Madrid al descubierto. (2015) Radio Gramsci con Lara Carrasco y José Luis Escobar conducidos por David Serquera.

17- Martínez, Ramón. (2015) “Opus Dei y Ministerio Fiscal” elespiadigital.com

18- Martínez, Ramón. (2015) “Opus Dei y Poder Judicial”. elespiadigital.com

19- Kaos. (2015) “Bárcenas y Naseiro. Documentos y evidencias de una organización criminal” kaosenlared.net

20- Noticias (2015) “España expoliada: El Estado da por perdidos 40.000 millones de euros del rescate de las cajas de ahorro” elespiadigital.com 17/04/2015

21- Luis Rendueles / Alberto Gayo. (2012) “Un Robin Hood contra los abusos en la luz” interviu.es

22- Tercera Información. (2014) “El gobierno se niega a facilitar datos de los miles de propiedades inmatriculadas por la Iglesia desde 1998” tercerainformacion.es

23- Rusiñol, Pere. (2011) “Exejecutivos de Goldman Sachs copan instituciones clave en la crisis” publico.es

24- F. Fafatale. (2014) “El amigo americano busca gangas inmobiliarias” diagonalperiodico.net

25- F. Fafatale. (2015) “La UE presiona para acelerar la privatización de Bankia” diagonalperiodico.net

26- Díaz, Roberto. (2013) “La prensa internacional, sorprendida por la negativa de Rajoy a dimitir” infolibre.es

27- Martínez, Ramón. (2015) “Bipartidismo y pucherazo”. elespiadigital.com

28- EFE. (2015) “Feijóo dice que el PP luchará contra el que «venga a la política a servirse y no a servir»” eldiario.es

29- Entrevista a Agustina López de los Mozos Ex numeraria del Opus Dei. (2011) Programa de lasexta.com “El intermedio” de José Miguel Monzón.

30- Baiges, Siscu. (2014). Villarejo: «Los fiscales generales del Estado que nombró el PSOE me prohibieron investigar a Pujol» eldiario.es

31- López Torres, Juan. (2012) “Los intereses de los préstamos bancarios: ¿qué justificación tienen y por qué no deberíamos pagarlos?” rebelión.org

En este ejemplo se explica muy bien explicado como se toma el pelo a los contribuyentes.

Las palabras subrayadas son enlaces a fuentes de información.

Por Ramón Martínez autor y artista digital.