Un ejemplo de como miembros del Opus Dei se embolsan dinero público a costa de sacrificar vidas humanas. El descaro con el que el responsable de la tragedia del YAK-42, el opusino Federico Trillo, mintió para ocultar lo hechos, su impunidad y la impotencia de los familiares de las víctimas ante un personaje siniestro que utiliza el Estado como su propiedad, es una muestra del poder real que tiene el Opus Dei en España. La tragedia del YAK-42 demuestra que la división de poderes en España no existe. La razón es que tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial están infectados por socios del Opus Dei que usan el poder del Estado en beneficio propio en detrimento del interés general.
A pesar de reconocer el Consejo de Estado la culpabilidad del Ministerio de Defensa en la tragedia del YAK-42, su máximo responsable, el opusino Federico Trillo, sigue con total impunidad sobre su responsabilidad de tantas muertes.
Sobre el opusino Federico Trillo se recomienda leer este breve curriculum:
Por desgracia parece estar claro para la mayoría de los ciudadanos que la ley no es igual para todos. Una de las causas de que esto sea así, es que la ilegal presión de ciertos lobbies sobre la justicia, hace que esta sea un instrumento al servicio de esos que deciden quien va a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Mediante un ejemplo se va a entender como los medios de comunicación, controlados también por lobbies, moldean las mentes de los ciudadanos mediante indulgencias manipuladoras que permiten una apariencia de indulgencia social hacia lo que a todas luces es intolerable.
Supongamos que un empleado de un supermercado se dedica a hurtar dinero sistemáticamente de la caja de su empresa. Cuando se llega a descubrir que ha sustraido la inmensa cantidad de 15.000 EUR la ley actúa implacable y además de restituir los bienes sustraídos (art. 111 Código Penal) (CP) reparar el daño (art. 112 CP) y pagar una posible indemnización por los daños causados (arts. 113 CP y 114 CP) recibe una condena de prisión de varios años de cárcel. Pero si un político perdona abiertamente a conocidos delincuentes económicos un total de unos 200.000 millones de EUR, o miente descaradamente en un juicio, encontramos en los responsables de la justicia española una indulgencia total. En el primer caso, vemos la amnistía fiscal del PP donde los medios de comunicación hablan del gesto de algunos partidos políticos pidiendo los nombres de los delincuentes económicos indultados. Pero no se habla para nada de una restitución, reparación e indemnización por los daños causados a la sociedad traducidos en precariedad de medios en sanidad, educación, pensiones, etc. además de las penas de prisión correspondientes, porque a sabiendas de que la amnistía era ilegal, el PP votó para su aprobación. Además, esta amnistía fiscal incurría en numerosos delitos tales como administración desleal, prevaricación, malversación, cooperación activa y en comisión por omisión de defraudaciones a la Hacienda Pública, Seguridad Social, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos, etc. Pero no solo es el silencio lo reprochable a los medios de comunicación, también lo es que maquillen la imagen del PP hasta el punto de dibujarlos como los grandes luchadores contra el fraude fiscal a pesar de saberse que el PP conocía la identidad de todos los delincuentes económicos contenidos en las listas de Falciani. Así la ilegal amnistía del PP se explica como un “grave error” sin consecuencias penales en lugar de un enorme conjunto de delitos graves.
Podríamos seguir con muchos más ejemplos, pero con los ejemplos expuestos se puede apreciar cómo se intenta manipular a la sociedad de forma que gravísimos delitos se vean con indulgencia, cuando no es así para el resto de los ciudadanos que no nos encontramos en redes ilegales de poder.
Video que explica muy bien que es la deuda ilegítima y como se utiliza esta deuda para degradar y esclavizar a la sociedad a costa de hacer un gran negocio fraudulento y rebajar los derechos sociales.
Parece como si la izquierda española estuviese manipulada o tuviese miedo de la verdad. La verdad es que se habla mucho de fascismo cuando en realidad se refieren a sicarios neoliberales del imperialismo de EEUU.
Los golpes de Estado, privatizaciones, neoliberalismo, etc. actuales son cosa de EEUU y sus socios, y no de Franco que murió hace muchos años. El franquismo tiene dos etapas claramente distintas: La primera fascista pro-Alemania nazi con una ideología de defensa de la patria, y la segunda, a partir de los años 60, opusina pro-EEUU neoliberal con una ideología más bien de «venta de la patria» como ha demostrado el bipartidismo diseñado por el Opus Dei, PP-PSOE, en sus alternantes gobiernos. No obstante los sicarios de EEUU tuvieron que esperar a que muriese Franco para empezar a vender España a las multinacionales extranjeras haciendo negocio personal con total impunidad.
No olvidar que la Operación Cóndor, orquestada por la CIA, donde fueron asesinados sistemáticamente cientos de miles de intelectuales y simpatizantes de izquierda, tuvo como militares activos a miembros del Opus Dei los cuales no eran en absoluto fascistas, sino sicarios del imperialismo americano.
La transición, el Rey, los gobiernos del Opus fueron orquestados por la CIA y la CIA no es fascista, es solo una organización criminal con un inmenso poder que asesina sistemáticamente para asegurar los intereses de las grandes corporaciones. Esos del Opus sacando banderas en la calle se ríen de todos al hacer creer que son franquistas «patriotas» cuando en realidad se trata de sicarios de corporaciones extranjeras.
Parece que hay interés en ocultar esto, que España está sufriendo las consecuencias de la deuda impagable a causa de los sicarios del imperialismo americano. Es muy sospechoso que en el Ministerio de Justicia haya tanto interés en la «Memoria Histórica» pero ningún interés en recuperar las inmensas fortunas estafadas y robadas por los ladrones neoliberales que, a sabiendas, han permitido la esclavitud de la deuda impagable a las generaciones venideras a costa de llenarse los bolsillos ilícitamente.
Solo bastaría un juez para exigir responsabilidad criminal tanto a los que han vendido empresas públicas rentables como a los que las han comprado, en calidad de presuntos autores, de participación o complicidad de diversos delitos como administración desleal de los bienes públicos, de malversación de bienes públicos, prevaricación, de tráfico de influencias, de cohecho, etc. Teniendo en cuenta la ilegalidad de las operaciones financieras en perjuicio del interés público, se podría contemplar la devolución de los bienes públicos estafados y una indemnización por los daños ocasionados durante décadas a tantas familias.
Para garantizar su impunidad, parte del diseño consiste en el control del Poder Judicial de forma que se politiza la judicatura la cual persigue mediante calumnias y acusaciones falsas a quienes se atreven a plantarles cara, y buen ejemplo de esto lo tenemos con Rafael Correa, Evo Morales, etc. que han sido falsamente acusados y perseguidos por jueces que defienden los intereses de EEUU en su propio país.
Seguid la pista del dinero público y comprenderéis quien tiene realmente el poder.
No importa lo que digan, sino lo que hagan. Seguid la pista del dinero público y comprenderéis quien tiene realmente el poder en el Estado español.
El Opus Dei, los jesuitas, etc. las inmensas fortunas amasadas por el Vaticano por medio, entre otras cosas, de las muchísimas inmatriculaciones de las que el Papa «progre» se guarda mucho de no hablar y que ha supuesto un enorme expolio de los bienes públicos españoles, precisamente en medio de la descomunal estafa que sus autores falsamente han dado en llamar «crisis». Una crisis en la cual la Iglesia se ha enriquecido ilícitamente.
Aunque en un principio se apunta a los banqueros como responsables de la gran estafa llamada “crisis”, hay que pensar que no es posible que unos banqueros desvíen inmensas fortunas con total impunidad, sin tener una infraestructura en el tejido social que les proteja evitando pagar las consecuencias de sus actos, a pesar del daño irreparable que ocasionan a la sociedad al causar decenas de miles de muertes por falta de asistencia médica, suicidios por precariedad económica, cientos de miles de familias desahuciadas, etc. Esta infraestructura la ha proporcionado en buena parte la Iglesia en España por medio del Opus Dei que gracias a su proselitismo ha conseguido colmar los puestos clave de la banca, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, la política, etc.
Analizando los hechos y sin inventarse teorías, es posible establecer conexión entre los bancos y la Iglesia. En primer lugar, se sabe que muchos ministros del Opus Dei pasaron de la política a la banca con una incipiente tradición de lo que hoy son las puertas giratorias en España que tan populares se han hecho entre los políticos del PP-PSOE. Además, se sabe que muchos directivos de bancos y Cajas de Ahorro son del Opus Dei y formados en la Universidad del Opus Dei. El Banco de Santander por medio de los Botín y los Puyol con Banca Catalana también tienen lazos familiares con conocidos miembros de la Obra. Y, por último, ¿cómo se podría explicar que el PSOE, aun formando un Gobierno de coalición con UP, haya decidido financiar con dinero público a colegios del Opus Dei en detrimento de subir las pensiones de una forma digna? Es innegable que esta extraña conducta de “izquierdas” no puede ocultar un profundo agradecimiento al Opus Dei, y puede que el hecho de que los bancos hayan regalado tantos millones al PSOE no tenga nada que ver con estos fenómenos en política que podrían considerarse por algunos como “paranormales”. Pero tanto el PSOE como el PP han protegido descaradamente la desviación de dinero público a los bancos sin exigencia de devolución, mientras que los bancos han exigido siempre la devolución de los préstamos al Estado en términos de usura.
Todos me regaláis dinero para que después yo os lo preste con intereses altos.
Sin perder de vista a la Iglesia, que es el tema que aquí tratamos, resultan cuanto menos sospechosos los muchos privilegios (que no vamos a enumerar aquí) que reciben del Estado a pesar de existir según la ley una división de poderes y definirse el Estado español como un Estado laico.
La Iglesia Católica tiene un gran poder sin necesidad de ejército. Esto podría explicarse, porque controla los ejércitos de los países a los que parasita ya que, como es sabido, la Iglesia siempre ha estado muy cercana a las castas militares. Pero también por sus alianzas con quienes controlan el Imperio americano , con quien tiene intereses comunes, y es que la religión en occidente definitivamente se ha decantado siempre por el poder, porque, entre los mayores enemigos de los privilegios y la aceptación del orden establecido por “Dios” se encuentran la igualdad y justicia social.
No obstante, se pretende hacer creer al pueblo que, el Dios único y verdadero ama a los humildes, y se acepta como prueba de esto que naciese en un establo, presumiblemente lleno de estiércol, al que llegan ángeles del cielo y reyes con oro. Si la gente puede aceptar esto sin pensar, entonces puede aceptar o creer cualquier cosa. Así se podría explicar que esos ladrones del PP tan beatos pidiesen a la población que rezase a la Virgen para salir de la “crisis”.
Las palabras subrayadas son enlaces a fuentes de información.
Marc Goodman, un experto en materia de seguridad mundial con larga experiencia de trabajo en el FBI y la Interpol, escribió en el año 2015 un libro sobre seguridad tituladoFuture crimes (Delitos del futuro). Aunque el título pueda dar la impresión de que el contenido del libro trata de ciencia ficción y temas futuristas, por el contrario, trata de tecnologías actuales que el crimen organizado lleva utilizando desde hace décadas y advierte del inminente peligro que supone el desarrollo exponencial tecnológico.
El autor informa que el crimen organizado dispone de tecnología más avanzada que la policía, y que la mayoría de los funcionarios del gobierno responsables de seguridad desconocen los avances tecnológicos incipientes que los delincuentes utilizan contra la población, sin que los funcionarios de policía, abrumados por la cantidad de delitos tradicionales, sean capaces de hacer frente a los nuevos delitos llevados a cabo con tecnologías punteras. Por poner algunos ejemplos, la delincuencia organizada utiliza drones para transportar droga, hackea cuentas bancarias para robar, utilizan nuevas tecnologías en medicina para matar, etc.
Puede parecer una paradoja que, precisamente en EEUU, país con el mayor gasto militar del mundo en desarrollo de tecnologías punta en temas de seguridad, sea el crimen organizado y no los servicios gubernamentales quienes dispongan de tecnologías incipientes. Este dato refuerza la sospecha de que, como en otros muchos países del área occidental, existe un Estado paralelo, al margen de la ley, que opera para beneficio propio a diferencia del resto de los funcionarios del Estado que actúan de buena fe y que trabajan para el beneficio público. Es conocido que la CIA ha instruido organizaciones terroristas y se ha financiado con la venta de drogas además de conspirar contra gobiernos legítimos y democráticos que se oponían al saqueo de los bienes de sus países.
Mucho más alarmante es que las tendencias neoliberales, claramente antisociales, se hayan impuesto en los estados occidentales de forma que se permitan estafas descomunales de los bienes públicos sin que la sociedad pueda impedirlo, además de atentar contra la integridad y seguridad de los ciudadanos.
El libro se centra más bien en delitos cibernéticos, y muestra de forma amena muchos casos en los que los ciudadanos han sido víctimas de delitos a causa de dejar datos personales en Internet. El enorme peligro que supone un desarrollo tecnológico exponencial si se usa para beneficio propio en detrimento del resto de los mortales, es decir, si cae en manos de organizaciones criminales, es una amenaza que el autor califica de “tsunami” capaz de desestabilizar la seguridad mundial.
El autor no trata de catalogar la innovación criminal y nuevas tecnologías, sino que, más bien, trata de mostrar un camino para impedir hoy los delitos del mañana antes de que sea demasiado tarde. De hecho, el contenido se ha quedado un poco desfasado y desvela que la policía en general desconoce innovaciones técnicas que son usadas por el crimen organizado desde hace décadas, y con mayor razón es más difícil detectar los continuos avances usados con fines delictivos. Por poner un ejemplo, los avances en neurociencias que ya en los años 1970 dieron lugar a denuncias por implantes ilegales, parece ser que es un tema prácticamente desconocido por la policía en general, aunque está documentado que, en algunos países como Suecia, ya en los años 1960, la policía en colaboración con las autoridades sanitarias implantaba aparatos electrónicos en cerebros de personas involuntarias, al igual que está documentado que la CIA cometió crímenes de lesa humanidad de forma sistemática durante décadas experimentando con seres humanos en el proyecto MK-Ultra.
En política la expresión puerta giratoria se refiere a una conducta que está tipificada como delito en varios países como Francia, Canadá y Japón, y aunque en España esta conducta no esté tipificada como delito, esto no quiere decir que no se trate de comportamientos ilegales generalizados. Vamos a analizar estos comportamientos ilegales que conlleva la práctica de las puertas giratorias.
Cuando hablamos de puertas giratorias en un contexto político, estamos hablando de altos cargos públicos que al terminar su mandato se van al sector privado donde ocupan, en muchos de los casos, puestos privilegiados en empresas, las cuales ofrecen generosas remuneraciones económicas que no se corresponden con el tiempo de trabajo ofrecido. Por ejemplo, con frecuencia el trabajo se reduce a unas pocas reuniones al año sin ni siquiera tener experiencia en el sector que se supone que los ex-políticos tienen que asesorar. Tal es el caso de Arsenio Fernández de Mesa, ex-director general de la Guardia Civil que, sin experiencia ni estudios en el sector energético, se le incorporó como consejero en el REE con un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. Estos sospechosos privilegios al ocupar cargos en el sector privado, suelen ser consecuencia de los favores que han hecho los altos cargos públicos en el ejercicio de sus funciones al sector privado que, en pago, ofrece generosas ofertas para ocupar entre sus cargos directivos. Lo más grave de estas conductas es que, en muchas ocasiones, suponen un grave perjuicio de lo público en beneficio de los intereses privados de los que los políticos corruptos pasan a formar parte.
Delitos:
Administración desleal: Este delito está tipificado en el artículo 252 del Código Penal, y se refiere a delitos contra el patrimonio al administrar bienes ajenos causando perjuicio a sus propietarios. En el caso de las puertas giratorias se han dado casos de vender empresas públicas rentables como, por ejemplo, Endesa, que su proceso de privatización supuso un expolio a los ciudadanos que financiaron mediante la tarifa eléctrica las inversiones que hicieron de Endesa una gran empresa rentable. El expolio se inició con el gobierno del PSOE de Felipe González y se culminó con el gobierno del PP de Aznar. Curiosamente ambos, Aznar y González, terminaron en los consejos de administración de empresas eléctricas, al igual que otros muchos cargos del PP y del PSOE.
Tráfico de influencias: Se trata de delitos por los que prevaleciéndose de un alto cargo se influye en la administración para sacar beneficio. Las actividades de los lobbies influyendo a la administración para beneficio propio en perjuicio de lo público, se suelen realizar por medio de políticos que pertenecen a un lobby, y estas actividades se podrían encuadrar dentro del delito tipificado como tráfico de influencias. En España el lobby por excelencia es el Opus Dei, y la práctica de las puertas giratorias se lleva realizando desde los tiempos de Franco, especialmente por parte de ministros opusinos que después pasaron a ser banqueros como, por ejemplo, López Bravo, López de Letona, Oriol, etc. que pasaron al Banesto. Mariano Navarro Rubio que de ministro de Hacienda pasó a gobernar el Banco de España para, más tarde, ser condenado e indultado por el escándalo Matesa, etc.
Malversación: Es un delito que tiene que ver con la sustracción o uso indebido de un patrimonio. En el caso de las puertas giratorias se trata de políticos que tienen a su cargo la custodia de un patrimonio público, y que lo malvenden para ser después recompensados. Ejemplos de malversación son la venta de empresas públicas rentables, regalar dinero público a bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia que mediante la opusina ley de Aznar de 1998 se permitió el expolio de lo público sin control de los bienes expoliados y los beneficios derivados de estos, etc.
Prevaricación: Se trata de un delito cometido por funcionarios o cargos públicos que en el ejercicio de sus funciones actúan a sabiendas de forma arbitraria incumpliendo su deber.
Alta traición: Supone cometer un acto de extrema deslealtad hacia un país, en este caso malvender los bienes públicos o regalarlos a intereses extranjeros. Por ejemplo, malvender empresas públicas rentables a capital extranjero, o regalar inmensas cantidades de propiedades públicas a la Iglesia Católica que, en definitiva, sus bienes están a disposición de la potencia extranjera llamada Vaticano. En mi opinión, se atenta contra la soberanía y seguridad del Estado.
Cohecho: Consiste en el ofrecimiento, pago o promesa de una ventaja económica por realizar un acto en el ejercicio del cargo.
No descarto la posibilidad de que las puertas giratorias puedan recoger más conductas tipificadas en el Código Penal español, pero ya con los delitos expuestos, sería suficiente motivo para procesar a los responsables del expolio de los bienes públicos y, en mi opinión, no solo eso, sino que además se podría exigir la devolución de los bienes expoliados y procesar a los receptores de estos bienes públicos por ser coautores de estos delitos o cooperadores necesarios según el caso.
Aunque las puertas giratorias pueden suponer un conjunto de comportamientos ilegales, los cuales serían motivo suficiente para una persecución de oficio por parte del Ministerio Público en defensa de la legalidad, habría también que pensar en las consecuencias drásticas que han supuesto para la sociedad. Por ejemplo, sobrecargándo injustamente a tantas familias españolas al aumentar las tarífas eléctricas varias veces al año hasta alcanzar los precios más altos de la UE. La alevosía está en las ganancias multimillonarias que estas eléctricas han conseguido gracias a ensañarse con la población española. Pero hay consecuencias de la corrupción mucho peores para la población como los desahucios gracias a la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, las muertes por falta de asistencia médica, etc.
Todos los abusos recogidos en la práctica de las puertas giratorias se permiten gracias a la corrupción del Tribunal Supremo, competente para conocer de los delitos de los presidentes de gobierno y sus ministros que, por acción u omisión, permanece impasible ante tantas ilegalidades que asolan el país con terribles consecuencias económicas para la población. Estas son las consecuencias de que políticos reputadamente corruptos designen a dedo a los componentes del Consejo General del Poder Judicial.
Ya desde los tiempos de la dictadura el Opus desarrolló todo tipo de «técnicas» para evadir dinero de forma ilegal. Esto se aprecia en el siguiente texto en el que además se mencionan las fuentes de la información:
» Recuerdo que los opus dei en los tiempos de la dictadura, cuando España era pobre por el sistema de la autarquía y el aislamiento internacional, idearon y pusieron en práctica todo tipo de tretas para sacar divisas del país sin ser vistos. Incluso las numerarias llevaban los billetes cosidos en la ropa. Los pormenores los han contado Moncada, «Opus Dei, una interpretación», Indice, Madrid 1974 y Jesús Ynfante, «Opus Dei, Así en la tierra como en el cielo» Grijalbo 1996. Una pieza clave de estas movidas debió de ser Rafael Termes (1918-2005), fiel a Escrivá hasta después de su muerte. Observo que Rafael Termes ha sido un defensor del liberalismo económico, me baso en los títulos de sus artículos y libros en los que participó. Es inaudito como alguien perteneciente a una institución cuya divisa y modo de actuación es el autoritarismo y el secretismo más estrictos puede hablar de liberalismo en cualquiera de sus sentidos sin que nadie que lo lea reaccione. A Rafael Termes como a todo buen numerario triunfante no le faltaron cargos y distinciones, incluido su sillón en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Cruz del Mérito Civil y etc, etc. Termes jamás olió ninguna condena ni atisbo por evasión de capital ¿a quién se le ocurre? esas movidas eran voluntad de Dios. Y si España estaba en el furgón de cola de la economía y millones de españoles tuvieron que emigrar para buscarse la vida era un problema que nada tenía que ver con el opus dei.»
Pero el desarrollo de “técnicas” para evadir capital, es algo que nunca parecen haber dejado en desuso. Tanto es así, que con el tiempo han logrado mover sumas multimillonarias a su antojo con total impunidad. La forma de como operan se describe en este extracto de una traducción de un artículo de la revista francesa Golias-éditions.
«José María Ruiz Mateos era fundador y dirigente del gran holding privado RUMASA, Cuando hace treinta años, el Opus Dei empezó a interesarse por él, Ruiz Mateos ya se había dado a conocer por sus cualidades extraordinarias como empresario, en especial como productor de vino de Jerez (marca Dry Sack). En 1963 Ruiz Mateos entró en la Obra como supernumerario.
El negociante de vino y alcohol de carrera prometedora entró en contacto con dos miembros importantes del Opus Dei: el presidente del banco Popular español, Luis Valls Taberner y el ministro de industria, Gregorio López Bravo. Más tarde se le unieron el presidente de la asociación de los bancos privados españoles Rafael Termes Carrero y el presidente de las cajas de ahorro españolas, Sancho Dronda. Estos tres banqueros son personalidades importantes en el seno del Opus Dei.
Estas amistades permitieron a José María Ruiz Mateos pasar de productor de vino y alcohol a patrón de un gran holding: a través de un gran número de compra de sociedades, erigió un conglomerado multinacional gigantesco de alrededor de 600 empresas y 20 bancos, que empleaba a 60.000 trabajadores. Así se crearon empresas fantasma y se realizaron beneficios ilícitos, de los que el Opus Dei se aprovechó ampliamente (como José María Ruiz Mateos confesará después), a través de donaciones que él sacaba de su holding.
Por orden de las autoridades financieras españolas el holding tuvo que someterse a un importante control fiscal. En 1983 José María Ruiz Mateos rechazó una vez más tener en cuenta el ultimátum. Fue expropiado por el estado español para evitar males mayores y salvar miles de empleos. En efecto se descubrió que el industrial había endeudado a Rumasa por una cantidad de 2 mil millones de dólares (1.875.000.000 euros).
Durante la prisión preventiva Ruiz Mateos, anteriormente tan poderoso, comenzó a dudar de la fidelidad de sus antiguos amigos del Opus Dei. Se dio cuenta de que en realidad sólo él figuraba como acusado. De hecho, para “salvar los muebles”, sus amigos habían tramado una conspiración que lo transformó en chivo expiatorio. Pero la lengua del riquísimo hombre de negocios se desató a medida que iba rechazando jugar el mismo juego. Afirmó que tres miembros dirigentes del Opus Dei español, Alejandro Cantero, Juan Francisco Montuenga y Salvador Nacher, no sólo le habían pedido dinero para el Opus Dei en varias ocasiones, sino que ellos le habían indicado las cuentas en las que había que hacer los ingresos.
En mayo de 1986, la dirección del Opus Dei le fijó un ultimátum: le excluirían de la organización sino retiraba sus acusaciones. El industrial español no se mordió la lengua. Enseñó quince fotocopias para probar que los miembros del Opus Dei y de instituciones próximas a la organización estaban profundamente implicadas en el caso. Sin embargo el proceso instruido en los juzgados no progresaba ni un milímetro. Jiménez Lablanca, el procurador, era también miembro del Opus Dei… José María Ruiz Mateos lo acusó incluso de estar al corriente de las transacciones fraudulentas.
Si se añaden las cifras de las que se habló en este conflicto con el Opus Dei “familia pobre” – se estima en más de 50 millones de dólares (o sea 44.620.830 euros) la suma de los fondos desviados. Según los periódicos españoles, no sería más que la punta del iceberg. En realidad, había sumas más importantes en juego. Como prueba las sumas que pasaron de Rumasa al Opus Dei. Mientras que el holding estaba al borde de la quiebra, José María Ruiz Mateos afirma que habría pagado de nuevo 1,5 miles de millones de pesetas (alrededor de 9,15 millones de euros) al Instituto de Educación e Investigación (IEI) estructura próxima al Opus. Cuando el opus dijo que se trataba de una institución educativa, Ruiz Mateos contestó: “¿qué quiere decir en este caso institución educativa? El IEI es uno de los institutos creados en 1981 por el Opus Dei con la intención de poder cobrar el dinero de sus miembros. López Bravo sólo prestaba su nombre al mismo. Alejandro Cantero y Francisco Montuenga me pedían directamente el dinero como directores del Opus Dei en España. Cuando lo hacían les daba siempre, jamás supe donde iba a parar ese dinero. Jamás me dieron un recibo. Cheques, en especie, transferencias bancarias: las maneras de dar al opus dei son innumerables. El IEI no era más que una de ellas.”
Por supuesto el Opus Dei desmintió enérgicamente estas afirmaciones. Según la institución José María Ruiz Mateos habría falsificado los hechos. “Y además la Obra no sería responsable de las actividades libres de sus miembros” según un vicario regional español.
Estas “actividades libres”, llevadas por los miembros del Opus según el espíritu de la organización son prácticamente impenetrables. Por otra parte la Obra no se encarga de la dirección espiritual lo que le permite no aparecer en escena. Y como los miembros del Opus son generalmente desconocidos, las relaciones entre estas instituciones y la Obra quedan a menudo sin descubrir. A menudo, los responsables opusdeístas hablar de simples fundaciones o de instituciones de “utilidad pública”.
Los principios del sistema de fundaciones del Opus Dei pueden comprobarse en la Bolsa de Londres, donde en 1964 se creó la Netherhall Educational Association, ya citada, también un poco más tarde la Fundación General Mediterránea en España FGM, por un grupo bancario próximo al Opus Dei, el Atlántico-Bankunión. Al mismo tiempo en 1972 en la bolsa de Zurich se creó la Fundación Limmat, que mientras floreció el holding Rumasa, se desarrolló progresivamente para convertirse el punto central de una red internacional de fundaciones y bancos próximas a esas fundaciones. Curiosamente la mayoría de los miembros de esas fundaciones eran a su vez miembros del Opus Dei.
La fundación Limmat fue creada por el abogado de Zurich Alfred Wiederkehr, que aparentemente no es un miembro del Opus Dei. Aportó un capital de 100.000 francos suizos (5.354.800 euros). La fundación “persigue exclusivamente objetivos de utilidad pública especialmente en el ámbito de la educación, tanto en el interior del país como en el extranjero. Está exenta de impuestos puesto que es de interés público”, afirman los responsables del Opus Dei.
Casualmente Alfred Wiederkehr que se convertiría en el presidente de control de la fundación era presidente del consejo de administración de Nordfinanzbank de Zurich, que tenía la función de banco corriente del holding Rumasa. Las transacciones que Ruiz Mateos mostró en fotocopia pasaban por Nordfinanzbank. De este modo Alfred Wiederkehr efectuaba los pagos por medio de falsos bancos.
Alfred Wiederkehr estaba en activo no sólo para la fundación Limmat y el holding Rumasa, sino también en el emporio bancario de Roberto Calvi. El denominado “banquero de Dios” por sus considerables negocios con el Vaticano era director del mayor banco italiano, el Ambrosiano, que quebró de manera espectacular en 1982. Calvi fue condenado a cuatro años de prisión por comercio ilegal de divisas. Lo encontraron ahorcado bajo un puente de Londres. La policía inglesa dijo primero que era un suicidio, pero más tarde las autoridades británicas pusieron en duda esta afirmación.
Además del banco Ambrosiano, el IOR, el banco del Vaticano y su presidente entonces el cardenal arzobispo Marcinkus estuvieron en la picota. El banco del Vaticano era con mucha diferencia el mayor accionista minoritario en el holding bancario en quiebra de Calvi. La policía bancaria italiana calificó al Vaticano de “responsable” en la materia. Sorprendentemente el Vaticano, sin firmar ningún reconocimiento de deudas, ofreció un arreglo a 88 acreedores del banco Ambrosiano y se entendió con ellos por un total de 250 millones de dólares (150 mil millones de francos franceses), suma sobre de la que el Vaticano descontó 6 millones de dólares (36 millones de francos franceses) por pago rápido.
Todos estos hechos están hoy probados pero queda la gran cuestión de saber como el Vaticano que a la sazón experimentaba grandes dificultades para pagar a sus empleados pudo encontrar tan rápidamente el dinero para satisfacer a los acreedores. Se dice que los financieros del Opus Dei intervinieron y exigieron a cambio poder ejercer una influencia determinante sobre la política del Vaticano con respecto a los países comunistas y en vías de desarrollo. Esta afirmación concuerda con la de la familia Calvi y también con las del antiguo patrón de Rumasa, José María Ruiz Mateos. El Opus Dei por supuesto desmiente la afirmación con la estereotipada frase según la cual “el Opus Dei persigue fines religiosos y no tiene que ver con asuntos de carácter comercial.”
En 1975 los españoles José Ferrer Bonsoms y Pablo Bofil de Cuadras participaron en las reuniones del comité de la fundación Limmat. Desde los años cincuenta, sesenta Pablo Bofil tenía la reputación de ser financiero del opus dei. El y José Ferrer formaban parte de la dirección del banco Atlántico, institución próxima a la Obra, en el consejo de administración del que estaba también Alfred Wiederkehr, como dice el periodista español Ernesto Ekaizer. Además en 1962 Pablo Bofil y José Ferrer fundaron Bankunión, una sociedad industrial y financiera. Así se creó el grupo Atlántico-Bankunión. Más tarde José Ferrer pidió al banco Hambros que participara en Bankunión. En resumen, se creó un sistema financiero enteramente controlado por el Opus Dei. «
Después de conocer la información referida, no extraña que Falciani cifre en 200.000 millones de EUR el dinero que se evade en impuestos en un Banco en Suiza procedente de políticos y empresarios presumiblemente del Opus o allegados, porque de lo contrario serían perseguidos, y esto es solo la punta de un iceberg, porque se sabe que los defraudadores no tienen su dinero en un solo banco. (Fuente eldiario)
No es de extrañar que el PP (partido del Opus Dei) haga lo posible por obstaculizar la investigaciones del caso Gürtel, Bankia, etc. (ver más en SAQUEO DEL DINERO PÚBLICO)
A lo ya expuesto, solo añadir, que Ettore Gotti Tedeschi, miembro del Opus y presidente del Banco Vaticano, ha tenido que dimitir al ser descubierto por la policía italiana en un asunto de blanqueo de dinero. Interesante saber que Ettore Gotti fué ex-presidente de la división italiana del Banco de Santander, el banco del tristemente famoso Emilio Botín.
Lo que ha sucedido con el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social tiene similitudes con la estafa de las preferentes en el caso Bankia. Es muy alarmante que las dimensiones reales de la corrupción en España sean silenciadas por la prensa nacional, y que para estar informado se tenga que recurrir a la prensa extranjera.
Según denuncia el diario económico alemán Deutche Wirtchafts Nachwischten en un artículo titulado Spanien plündert Pensionsfonds für Käufe von Staatsanleihen (España saquea fondos de pensiones para comprar de bonos del Gobierno) al menos el 90 por ciento del activo total del Fondo de Pensiones de la Seguridad Social está invertido en bonos del Gobierno, especulando así con el dinero de los pensionistas y arriesgando aún más que solo sus ahorros.
The Wall Street Journal, publicó un artículo titulado Spain Drains Fund Backing Pensions (España usa Fondo de Pensiones para comprar deuda soberana) que venía a confirmar que el Gobierno del PP ha vaciado la caja de pensiones para comprar unos bonos de alto riesgo, especulando con el dinero reservado a garantizar las pensiones.
De esta información se confirma lo que no podía ser de otra forma. Estando en el Gobierno un partido que a pesar de los numerosos casos de corrupción no solo no dimite, sino que además impide con total descaro que se investiguen sus ayudas a la banca, obstruye la justicia etc., se puede entender que su gestión del dinero público sea un medio para favorecer a los “suyos” y enriquecerse de forma ilícita con total impunidad, de ahí su empecinamiento en mantenerse en el poder. Una forma de conseguir sus fines puede ser regalando bienes públicos como ha ocurrido con las inmatriculaciones de la Iglesia, otra forma puede ser por medio de negocios fraudulentos con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas como ha sido en el caso Gürtel, Púnica, etc. Otra forma es “perdonar” la delincuencia económica, como ha ocurrido con la amnistía fiscal de Montoro que ha supuesto una perdida al erario español de casi 200.000 millones de EUR.
Pero por si fueran pocos los escándalos del PP, queda por aclararse el tema del saqueo al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social, que al ser vaciado casi por completo no pueden ocultar por más tiempo que ya no hay dinero y las consecuencias las han empezado a sufrir los pensionistas. El saqueo ha sido indiscutiblemente ilegal porque no tenían ningún derecho a tocar el fondo de pensiones según la propia Constitución Española (CE) pero además hay que añadir que han usado una vez más, al igual como ocurrió con las preferentes en Bankia, el dinero ajeno especulando de forma fraudulenta con clara conciencia del perjuicio que ocasionaban a los pensionistas.
Al igual que ocurrió con los afectados por las preferentes en Bankia, todos los pensionistas debieran unirse y perseguir legalmente a los responsables del saqueo del Fondo de pensiones. Esto es algo que el Ministerio Fiscal debiera de hacer de oficio, pero al ser designado a dedo por el PP el Fiscal General del Estado, se entiende que no va a cumplir con la función que le encomienda la CE.
Esta información quedaría bastante incompleta si no se explica que el PP es el brazo político del Opus Dei, una secta que desde tiempos de Franco conserva el poder en España y de la que no se habla para nada en los medios en relación a las actuaciones fraudulentas del PP. La forma de actuar del Opus Dei es descrita en el periódico argentino Tribuna:
“La forma de actuar del Opus es de aspiradora, permitiendo el crecimiento y absorción de empresas en un rubro determinado, hasta que llegan a un tamaño crítico, luego del cual son vaciadas en forma fraudulenta y sus fondos transferidos a instituciones del Opus.”
El tema de las amnistías fiscales en España es un ejemplo de cómo se traiciona al interés público al dar un trato privilegiado a quienes merecen un castigo ejemplar. Desde el principio se sabía que una amnistía fiscal suponía un atentado contra los valores superiores de la Constitución Española de igualdad y justicia, y que por esta razón era ilegal. Pero el Tribunal Constitucional mediante una sentencia tardía ha permitido que se cometa el atropello, además de la impunidad de quienes han colaborado con semejante fraude.
Vamos a centrarnos en la amnistía fiscal de Cristobal Montoro para comprender el alcance de la posible responsabilidad criminal en la que pudieran incurrir los implicados en este proceso.
La amnistía fiscal de Montoro surge tras la revelación de las listas de Falciani, que delataban a cientos de contribuyentes españoles con cuentas en una sucursal de un banco en Suiza. Según Falciani, la cantidad que las autoridades españolas podrían recuperar de los defraudadores ascendía a 200.000 millones de EUR. Esta cifra la estimaba basándose en la documentación que él tenía en su poder. El Gobierno en lugar de perseguir a los responsables de fraude fiscal, los perdonó por su posible responsabilidad criminal, y además les hizo rebaja de tal forma que muchos pagaron en concepto de impuestos considerablemente menos del ya insultante 10% que Montoro había propuesto en un principio. El resultado fue que de esos 200.000 millones que se podrían haber recaudado gracias a las listas de Falciani, solo se recaudaron menos de 2.000 millones de EUR en base a una clara complicidad del Gobierno con los delincuentes defraudadores. Montoro ha demostrado su trato de amistad con los delincuentes económicos al encubrirlos, perdonarlos y darles trato especial de una forma insultante para los contribuyentes. Solo imaginar que hubiera sucedido si Pablo Iglesias hubiese estado incluido en las listas de Falciani, probablemente le hubiese faltado tiempo para hacer públicos sus posibles delitos y denunciarlo como hizo con Monedero.
Dentro de las posibles conductas delictivas tipificadas en el Código Penal español que recoge la amnistía fiscal de Montoro, se me ocurría en un principio que podrían ser: administración desleal, cooperación necesaria para fraude fiscal y alta traición. Pero para salir de dudas le pregunté a un catedrático de Derecho Penal de una universidad española, antiguo conocido, que me respondió lo siguiente: “…y prevaricación, malversación, cooperación activa y en comisión por omisión de defraudaciones a la Hacienda Pública, Seguridad Social, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos, etc.”
No cabe duda de que la actuación de Montoro no solo es inconstitucional, sino que también supone un conjunto de actuaciones delictivas que debieran de ser perseguidas de oficio. Es indignante que tan solo se publiquen tímidas peticiones de dimisión, cuando en realidad estamos ante un caso evidente de corrupción del que debieran depurarse responsabilidades penales. Las pérdidas al erario público que supone la amnistía fiscal de Montoro ascienden a más de 198.000 millones de EUR, y esto sumado a los 60.000 millones regalados a los bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia, etc., nos da una idea del saqueo que están realizando con total impunidad, aunque probablemente los datos aportados sean tan solo la punta de un iceberg.
La secta Opus Dei 