En el año 2012 se publicó una noticia titulada “Investigadores consiguieron hackear las ondas cerebrales para conseguir datos personales” que demostraba que era posible descifrar la ondas cerebrales de forma que ya no estaban a salvo ni nuestros pensamientos. Cuatro años más tarde, en el año 2016, un artículo de la Universidad de Washington publicaba que algunos científicos advertían del peligro inminente que suponen ciertas tecnologías que permiten la lectura de las ondas cerebrales.
Es sospechoso que se advirtiese de un peligro “inminente” en 2016 cuando en realidad según la publicación de 2012, el peligro era ya real hacía años. Lo cierto es que no es la primera vez que se publican noticias sobre neurociencias que más tarde se muestran como algo “por llegar”. Solo por poner un ejemplo, recuerdo que en los años 1980 se publicó en el informativo Telediario de TVE, en una sección que emitían sobre avances en ciencias al final del programa, que ya se podía “leer el pensamiento” y esta misma noticia ha aparecido muchas veces con posterioridad como “algo por llegar”.
Es evidente que estas noticias de avances en neurociencias, procedentes en muchas ocasiones de fuentes indiscutiblemente rigurosas, son ninguneadas y no se les da la importancia que se debiera si se tienen en cuenta las consecuencias tan graves que pueden suponer para seguridad de la población.
Un ejemplo de como se consigue restarle importancia a este tipo de noticias, es meterlas en el mismo saco de las abducciones de extraterrestres y los fenómenos paranormales. Además existen activistas en las redes sociales que se toman un interés insistente y muy sospechoso para dejar como enfermos mentales a quienes denuncian el uso ilegal de estas tecnologías. Por ejemplo, en Plaza Podemos, lugar de discusión de un partido político emergente que supone un peligro para un sistema claramente corrupto, se puede apreciar como se acosan a los usuarios que se atreven a denunciar el uso de estas tecnologías contra la población. Esto se aprecia en este hiloy mucho más claramente por la crueldad de los interlocutores en este otro hilo.
Sería una ingenuidad pensar que un lugar como Plaza Podemos estuviese libre de activistas dispuestos a sabotear cualquier divulgación de información comprometedora para ciertos poderes corruptos. Aunque no es posible ocultar el saqueo de lo público por las dimensiones del mismo, temas como el uso de neurociencias sí es más fácil de ocultar a causa de las razones expuestas.
Aunque la sociedad española va siendo cada vez más consciente de la enorme corrupción que inunda las instituciones del Estado, es difícil que pueda llegar a entender en realidad hasta que punto esta corrupción pone en peligro a los ciudadanos. Que reputadas organizaciones criminales controlen instituciones como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Medios de Comunicación, etc. es de una gravedad que puede tener unas consecuencias de una magnitud imprevisible. Solo faltaba por saber que esos delincuentes que tienen acceso a los poderes del Estado, tienen en sus manos tecnologías que permiten que ni siquiera los pensamientos de los ciudadanos estén seguros.
Pero eso no es todo, la secta Opus Dei lleva décadas usando tecnologías basadas en neurociencias contra la población, como se muestra en este artículo sobre la cuarta planta de la clínica del Opus, sin que la gente en general sea capaz de creer lo que está ocurriendo.
Según algunos artículos recogidos en una publicación de la Universidad de Washington, algunos científicos advertían hace algunos años del peligro inminente que suponen ciertas tecnologías que permiten la lectura de las ondas cerebrales ante la amenaza de hackers que puedan registrar los pensamientos de la gente. Para muchos esto parece inverosímil al no entender cuál es el fundamento de estas tecnologías y se preguntan como es posible que se puedan leer las ondas cerebrales. La respuesta es que de la misma forma que se puede intervenir cualquier llamada con un teléfono móvil , también se pueden intervenir las ondas que emite el cerebro, las cuales solo se podían registrar por medio del electroencefalograma antiguamente .
Una de las consecuencias del hackeo cerebral es que los códigos que podamos tener para acceder a cuentas bancarias etc. no estarían a salvo. Pero obviamente hay consecuencias aún peores.
Como ya se ha publicado en otros artículos, la agencia militar gubernamental americana DARPA, lleva desarrollando tecnologías basadas en Brain Computer Interface (BCI) que permiten la lectura e interpretación de las ondas cerebrales desde al menos los años 70 del siglo pasado. La existencia desde hace décadas de sitios en Internet que denuncian el hackeo cerebral, muestra que se están usando clandestinamente estas tecnologías contra la población. Esta información contrasta con las ingenuas advertencias de ciertos científicos que avisan de un peligro inminente. Así muestran que sus conocimientos sobre BCI se encuentran algo desfasados respecto a los avances que una agencia militar como DARPA hubiese podido llegar hace ya algunas décadas.
Independientemente de los testimonios publicados por víctimas de estas tecnologías, como el testimonio del sueco Magnus Olsson sobre las consecuencias del hackeo cerebral, yo, que también soy víctima, deseo explicar de forma somera las consecuencias que ha tenido para mí. De esta forma el lector puede imaginarse que le espera si tiene la desgracia de ser elegido por alguna organización criminal con acceso a estas tecnologías.
En mi caso concreto es el Opus Dei quien lleva abusando del uso de estas tecnologías desde mediados de los años 80 del siglo pasado, los detalles los describo en la entrevista que me hizo Cristina Sánchez, y me pregunto como es posible que el Opus Dei pueda tener acceso a tecnologías desarrolladas por una agencia militar como DARPA.
Consecuencias en mi caso particular:
No puedo usar códigos para cuentas bancarias y todos mis asuntos los tengo que resolver personalmente en el banco.
Tampoco puedo tener intimidad de ninguna clase y estoy expuesto contínuamente a insultos y amenazas.
Como consecuencia de la falta de intimidad no puedo exponer a otra persona a una vejación de ese calibre y esto se traduce en una ausencia total de relaciones sexuales al menos desde que tengo consciencia de que me están aplicando esta tecnología.
La ausencia de intimidad también supone, por ejemplo, que no te puedas tocar la nariz sin que te insulten, o que no puedas tener tranquilidad ni en el baño. Esto implica una desnudez sin defensa contra quienes muestran una sordidez y una falta de escrúpulos que repugna.
Esta información puede ayudar a algunos a entender la diferencia entre la imagen que da el Opus Dei gracias a los medios que controla, de buscar la santidad en el trabajo, y la imagen que yo tengo de ellos y que está más acorde con los testimonios del artículo de Cristina Sánchez sobre la cuarta planta de la clínica del Opus, o con la conducta de los opusinos políticos del PP.
Consecuencias de modo general:
Unos estudios publicados hace una década indican que el hackeo cerebral de los ciudadanos se realizaba ya de forma masiva en países como Holanda. En este caso podemos hablar de un intento formal de conseguir la Sociedad Psicocivilizada de la que hablaba el doctor José Delgado en su libro Control físico de la mente . En Suecia, por ejemplo, he comprobado que bastantes padres buscan ayuda porque sus hijos tienen voces en la cabeza.
Lo horrible de todo este asunto, es que quienes ostentan el poder de los Estados occidentales son marionetas de un imperio que desprecia abiertamente los Derechos Humanos y no duda en cometer los más espeluznantes crímenes contra la humanidad para beneficiar sus intereses que, en definitiva, son los intereses de unos pocos ciudadanos con una ambición sin límites.
Ya desde los tiempos de la dictadura el Opus desarrolló todo tipo de «técnicas» para evadir dinero de forma ilegal. Esto se aprecia en el siguiente texto en el que además se mencionan las fuentes de la información:
» Recuerdo que los opus dei en los tiempos de la dictadura, cuando España era pobre por el sistema de la autarquía y el aislamiento internacional, idearon y pusieron en práctica todo tipo de tretas para sacar divisas del país sin ser vistos. Incluso las numerarias llevaban los billetes cosidos en la ropa. Los pormenores los han contado Moncada, «Opus Dei, una interpretación», Indice, Madrid 1974 y Jesús Ynfante, «Opus Dei, Así en la tierra como en el cielo» Grijalbo 1996. Una pieza clave de estas movidas debió de ser Rafael Termes (1918-2005), fiel a Escrivá hasta después de su muerte. Observo que Rafael Termes ha sido un defensor del liberalismo económico, me baso en los títulos de sus artículos y libros en los que participó. Es inaudito como alguien perteneciente a una institución cuya divisa y modo de actuación es el autoritarismo y el secretismo más estrictos puede hablar de liberalismo en cualquiera de sus sentidos sin que nadie que lo lea reaccione. A Rafael Termes como a todo buen numerario triunfante no le faltaron cargos y distinciones, incluido su sillón en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Cruz del Mérito Civil y etc, etc. Termes jamás olió ninguna condena ni atisbo por evasión de capital ¿a quién se le ocurre? esas movidas eran voluntad de Dios. Y si España estaba en el furgón de cola de la economía y millones de españoles tuvieron que emigrar para buscarse la vida era un problema que nada tenía que ver con el opus dei.»
Pero el desarrollo de “técnicas” para evadir capital, es algo que nunca parecen haber dejado en desuso. Tanto es así, que con el tiempo han logrado mover sumas multimillonarias a su antojo con total impunidad. La forma de como operan se describe en este extracto de una traducción de un artículo de la revista francesa Golias-éditions.
«José María Ruiz Mateos era fundador y dirigente del gran holding privado RUMASA, Cuando hace treinta años, el Opus Dei empezó a interesarse por él, Ruiz Mateos ya se había dado a conocer por sus cualidades extraordinarias como empresario, en especial como productor de vino de Jerez (marca Dry Sack). En 1963 Ruiz Mateos entró en la Obra como supernumerario.
El negociante de vino y alcohol de carrera prometedora entró en contacto con dos miembros importantes del Opus Dei: el presidente del banco Popular español, Luis Valls Taberner y el ministro de industria, Gregorio López Bravo. Más tarde se le unieron el presidente de la asociación de los bancos privados españoles Rafael Termes Carrero y el presidente de las cajas de ahorro españolas, Sancho Dronda. Estos tres banqueros son personalidades importantes en el seno del Opus Dei.
Estas amistades permitieron a José María Ruiz Mateos pasar de productor de vino y alcohol a patrón de un gran holding: a través de un gran número de compra de sociedades, erigió un conglomerado multinacional gigantesco de alrededor de 600 empresas y 20 bancos, que empleaba a 60.000 trabajadores. Así se crearon empresas fantasma y se realizaron beneficios ilícitos, de los que el Opus Dei se aprovechó ampliamente (como José María Ruiz Mateos confesará después), a través de donaciones que él sacaba de su holding.
Por orden de las autoridades financieras españolas el holding tuvo que someterse a un importante control fiscal. En 1983 José María Ruiz Mateos rechazó una vez más tener en cuenta el ultimátum. Fue expropiado por el estado español para evitar males mayores y salvar miles de empleos. En efecto se descubrió que el industrial había endeudado a Rumasa por una cantidad de 2 mil millones de dólares (1.875.000.000 euros).
Durante la prisión preventiva Ruiz Mateos, anteriormente tan poderoso, comenzó a dudar de la fidelidad de sus antiguos amigos del Opus Dei. Se dio cuenta de que en realidad sólo él figuraba como acusado. De hecho, para “salvar los muebles”, sus amigos habían tramado una conspiración que lo transformó en chivo expiatorio. Pero la lengua del riquísimo hombre de negocios se desató a medida que iba rechazando jugar el mismo juego. Afirmó que tres miembros dirigentes del Opus Dei español, Alejandro Cantero, Juan Francisco Montuenga y Salvador Nacher, no sólo le habían pedido dinero para el Opus Dei en varias ocasiones, sino que ellos le habían indicado las cuentas en las que había que hacer los ingresos.
En mayo de 1986, la dirección del Opus Dei le fijó un ultimátum: le excluirían de la organización sino retiraba sus acusaciones. El industrial español no se mordió la lengua. Enseñó quince fotocopias para probar que los miembros del Opus Dei y de instituciones próximas a la organización estaban profundamente implicadas en el caso. Sin embargo el proceso instruido en los juzgados no progresaba ni un milímetro. Jiménez Lablanca, el procurador, era también miembro del Opus Dei… José María Ruiz Mateos lo acusó incluso de estar al corriente de las transacciones fraudulentas.
Si se añaden las cifras de las que se habló en este conflicto con el Opus Dei “familia pobre” – se estima en más de 50 millones de dólares (o sea 44.620.830 euros) la suma de los fondos desviados. Según los periódicos españoles, no sería más que la punta del iceberg. En realidad, había sumas más importantes en juego. Como prueba las sumas que pasaron de Rumasa al Opus Dei. Mientras que el holding estaba al borde de la quiebra, José María Ruiz Mateos afirma que habría pagado de nuevo 1,5 miles de millones de pesetas (alrededor de 9,15 millones de euros) al Instituto de Educación e Investigación (IEI) estructura próxima al Opus. Cuando el opus dijo que se trataba de una institución educativa, Ruiz Mateos contestó: “¿qué quiere decir en este caso institución educativa? El IEI es uno de los institutos creados en 1981 por el Opus Dei con la intención de poder cobrar el dinero de sus miembros. López Bravo sólo prestaba su nombre al mismo. Alejandro Cantero y Francisco Montuenga me pedían directamente el dinero como directores del Opus Dei en España. Cuando lo hacían les daba siempre, jamás supe donde iba a parar ese dinero. Jamás me dieron un recibo. Cheques, en especie, transferencias bancarias: las maneras de dar al opus dei son innumerables. El IEI no era más que una de ellas.”
Por supuesto el Opus Dei desmintió enérgicamente estas afirmaciones. Según la institución José María Ruiz Mateos habría falsificado los hechos. “Y además la Obra no sería responsable de las actividades libres de sus miembros” según un vicario regional español.
Estas “actividades libres”, llevadas por los miembros del Opus según el espíritu de la organización son prácticamente impenetrables. Por otra parte la Obra no se encarga de la dirección espiritual lo que le permite no aparecer en escena. Y como los miembros del Opus son generalmente desconocidos, las relaciones entre estas instituciones y la Obra quedan a menudo sin descubrir. A menudo, los responsables opusdeístas hablar de simples fundaciones o de instituciones de “utilidad pública”.
Los principios del sistema de fundaciones del Opus Dei pueden comprobarse en la Bolsa de Londres, donde en 1964 se creó la Netherhall Educational Association, ya citada, también un poco más tarde la Fundación General Mediterránea en España FGM, por un grupo bancario próximo al Opus Dei, el Atlántico-Bankunión. Al mismo tiempo en 1972 en la bolsa de Zurich se creó la Fundación Limmat, que mientras floreció el holding Rumasa, se desarrolló progresivamente para convertirse el punto central de una red internacional de fundaciones y bancos próximas a esas fundaciones. Curiosamente la mayoría de los miembros de esas fundaciones eran a su vez miembros del Opus Dei.
La fundación Limmat fue creada por el abogado de Zurich Alfred Wiederkehr, que aparentemente no es un miembro del Opus Dei. Aportó un capital de 100.000 francos suizos (5.354.800 euros). La fundación “persigue exclusivamente objetivos de utilidad pública especialmente en el ámbito de la educación, tanto en el interior del país como en el extranjero. Está exenta de impuestos puesto que es de interés público”, afirman los responsables del Opus Dei.
Casualmente Alfred Wiederkehr que se convertiría en el presidente de control de la fundación era presidente del consejo de administración de Nordfinanzbank de Zurich, que tenía la función de banco corriente del holding Rumasa. Las transacciones que Ruiz Mateos mostró en fotocopia pasaban por Nordfinanzbank. De este modo Alfred Wiederkehr efectuaba los pagos por medio de falsos bancos.
Alfred Wiederkehr estaba en activo no sólo para la fundación Limmat y el holding Rumasa, sino también en el emporio bancario de Roberto Calvi. El denominado “banquero de Dios” por sus considerables negocios con el Vaticano era director del mayor banco italiano, el Ambrosiano, que quebró de manera espectacular en 1982. Calvi fue condenado a cuatro años de prisión por comercio ilegal de divisas. Lo encontraron ahorcado bajo un puente de Londres. La policía inglesa dijo primero que era un suicidio, pero más tarde las autoridades británicas pusieron en duda esta afirmación.
Además del banco Ambrosiano, el IOR, el banco del Vaticano y su presidente entonces el cardenal arzobispo Marcinkus estuvieron en la picota. El banco del Vaticano era con mucha diferencia el mayor accionista minoritario en el holding bancario en quiebra de Calvi. La policía bancaria italiana calificó al Vaticano de “responsable” en la materia. Sorprendentemente el Vaticano, sin firmar ningún reconocimiento de deudas, ofreció un arreglo a 88 acreedores del banco Ambrosiano y se entendió con ellos por un total de 250 millones de dólares (150 mil millones de francos franceses), suma sobre de la que el Vaticano descontó 6 millones de dólares (36 millones de francos franceses) por pago rápido.
Todos estos hechos están hoy probados pero queda la gran cuestión de saber como el Vaticano que a la sazón experimentaba grandes dificultades para pagar a sus empleados pudo encontrar tan rápidamente el dinero para satisfacer a los acreedores. Se dice que los financieros del Opus Dei intervinieron y exigieron a cambio poder ejercer una influencia determinante sobre la política del Vaticano con respecto a los países comunistas y en vías de desarrollo. Esta afirmación concuerda con la de la familia Calvi y también con las del antiguo patrón de Rumasa, José María Ruiz Mateos. El Opus Dei por supuesto desmiente la afirmación con la estereotipada frase según la cual “el Opus Dei persigue fines religiosos y no tiene que ver con asuntos de carácter comercial.”
En 1975 los españoles José Ferrer Bonsoms y Pablo Bofil de Cuadras participaron en las reuniones del comité de la fundación Limmat. Desde los años cincuenta, sesenta Pablo Bofil tenía la reputación de ser financiero del opus dei. El y José Ferrer formaban parte de la dirección del banco Atlántico, institución próxima a la Obra, en el consejo de administración del que estaba también Alfred Wiederkehr, como dice el periodista español Ernesto Ekaizer. Además en 1962 Pablo Bofil y José Ferrer fundaron Bankunión, una sociedad industrial y financiera. Así se creó el grupo Atlántico-Bankunión. Más tarde José Ferrer pidió al banco Hambros que participara en Bankunión. En resumen, se creó un sistema financiero enteramente controlado por el Opus Dei. «
Después de conocer la información referida, no extraña que Falciani cifre en 200.000 millones de EUR el dinero que se evade en impuestos en un Banco en Suiza procedente de políticos y empresarios presumiblemente del Opus o allegados, porque de lo contrario serían perseguidos, y esto es solo la punta de un iceberg, porque se sabe que los defraudadores no tienen su dinero en un solo banco. (Fuente eldiario)
No es de extrañar que el PP (partido del Opus Dei) haga lo posible por obstaculizar la investigaciones del caso Gürtel, Bankia, etc. (ver más en SAQUEO DEL DINERO PÚBLICO)
A lo ya expuesto, solo añadir, que Ettore Gotti Tedeschi, miembro del Opus y presidente del Banco Vaticano, ha tenido que dimitir al ser descubierto por la policía italiana en un asunto de blanqueo de dinero. Interesante saber que Ettore Gotti fué ex-presidente de la división italiana del Banco de Santander, el banco del tristemente famoso Emilio Botín.
El tema de las falsificaciones de documentos en el ámbito del Opus Dei es bastante antiguo y se remonta a sus comienzos, cuando se pretendió conseguir un título de Marqués para el fundador de la secta mediante una falsificación. Esto es lo que demostró el historiador Ricardo de la Cierva en el capítulo X de su libro Los años mentidos en la primera edición de 1993, desgraciadamente este capítulo se omitió en ediciones posteriores.
Pie de foto: Documento del Ministerio de Justicia de don Alfonso XIII en 1930 en el que se reconoce la fecha auténtica de la concesión del marquesado de Peralta y la relabilitación de ese título por Alfonso XII. Este documento prueba que la rehabilitación del título por el padre Escrivá se basa en una falsificación.
Parece ser que los seguidores de Escrivá de Balaguer, han seguido con el ejemplo dado por su gurú y han abusado de esta fea práctica de forma insistente. Para empezar, las pruebas aportadas para demostrar los milagros de Escrivá en el proceso de su canonización muestran su falta de honestidad. Además, el proceso de beatificación del fundador de la secta estuvo manchado por numerosas irregularidades, entre las que se incluyen mentiras para desprestigiar a quienes podían desvelar defectos del fundador del Opus.
El reciente escándalo sobre el máster de Cristina Cifuentes, ha sacado a la luz una vez más el tema de las falsificaciones. Aunque no es de dominio público si Cifuentes pertenece al Opus o no, si es evidente que su alto cargo en el PP implica una alineación incondicional con el Opus Dei. Que el PP es el brazo político del Opus Dei se demostró en el artículo El Opus Dei y el PP, pero por si alguien tuviese alguna duda, solo tiene que ver a quien puso Cifuentes al frente de educación. Como presidenta de la comunidad de Madrid Cifuentes puso a un miembro del Opus Dei aumentando escandalósamente los presupuestos de dinero público para apoyar a colegios del Opus Dei.
Pero Cifuentes no es la única implicada en falsificaciones académicas. Si investigamos un poco los méritos académicos del entorno del PP, veremos que las sospechas de fraude son una constante. Por ejemplo la cantidad de familiares de Rajoy que sacan las oposiciones con puestos excepcionales. Pablo Casado aprobó media licenciatura en apenas 4 meses, después de haber sido elegido diputado del PP por la asmblea de Madrid.
Las dos hijas del opusino Federico Trillo nada más acabar la licenciatura ocupan puestos de máxima relevancia estatal, las Cortes y el Consejo de Estado. El propio Trillo obtuvo un primer puesto en las oposiciones al Cuerpo Jurídico de la Armada que contrasta con su conocida mediocridad, como se demuestra en su bajo nivel de inglés que no es óbice para detener su ambición de ser embajador en Londres a costa de dejar a España en ridículo en ese país, donde llega a ser tratado de paleto. No es menos sospechoso que además obtuviese un título de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense con la calificación de sobresaliente cum laude , cuando se ha demostrado que el libro por el que se valió para conseguir el doctorado sobre Shakespeare estaba plagado de textos de otros autores sin la debida notación. Años más tarde, uno de esos miembros del jurado de la Complutense se vería envuelto en un escándalo por la justificación de las facturas de unas millonarias subvenciones públicas a la Fundación Shakespeare de Valencia.
Otros títulos académicos con irregularidades en el ámbito del PP son el doctorado de Camps, quien fue acusado de plagio, la tesina de Urgandarin que fue escrita por un empleado y por un amigo suyo, el caso de Pablo Casado quien aprobó media carrera en 4 meses en una universidad privada que controlaba Esperanza Aguirre, etc., etc.
De Carlos Floriano, quien pretendió vender la reforma fiscal del PP como “la más social” de toda la historia, y conocido (como tantos otros del PP) por mentir públicamente con una santa desvergüenza difícil de superar, se escribe en la web Los genoveses lo siguiente: “Aunque parezca ciencia ficción y ponga en entredicho la fiabilidad de nuestro sistema educativo superior, resulta que es profesor universitario y Doctor en Derecho, al igual que otro de sus maestros, Esteban González Pons.”
Según la trayectoria de los miembros del Opus Dei, donde quienes han sido miembros de la secta afirman que la mentira es la norma, y que por las actuaciones de sus políticos no cabe duda de que esto es así, se puede tener la fundada sospecha de que buena parte de las titulaciones académicas de estos “listos” del PP sean producto de irregularidades, como viene siendo la norma en el Opus Dei y por ende en el PP que es su brazo político. Solo bastaría indagar en los puestos más relevantes del PP para que quizá encontráramos muchas más irregularidades.
Mentiras del PP:
Las palabras subrayadas son enlaces a fuentes de información.
Lo que ha sucedido con el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social tiene similitudes con la estafa de las preferentes en el caso Bankia. Es muy alarmante que las dimensiones reales de la corrupción en España sean silenciadas por la prensa nacional, y que para estar informado se tenga que recurrir a la prensa extranjera.
Según denuncia el diario económico alemán Deutche Wirtchafts Nachwischten en un artículo titulado Spanien plündert Pensionsfonds für Käufe von Staatsanleihen (España saquea fondos de pensiones para comprar de bonos del Gobierno) al menos el 90 por ciento del activo total del Fondo de Pensiones de la Seguridad Social está invertido en bonos del Gobierno, especulando así con el dinero de los pensionistas y arriesgando aún más que solo sus ahorros.
The Wall Street Journal, publicó un artículo titulado Spain Drains Fund Backing Pensions (España usa Fondo de Pensiones para comprar deuda soberana) que venía a confirmar que el Gobierno del PP ha vaciado la caja de pensiones para comprar unos bonos de alto riesgo, especulando con el dinero reservado a garantizar las pensiones.
De esta información se confirma lo que no podía ser de otra forma. Estando en el Gobierno un partido que a pesar de los numerosos casos de corrupción no solo no dimite, sino que además impide con total descaro que se investiguen sus ayudas a la banca, obstruye la justicia etc., se puede entender que su gestión del dinero público sea un medio para favorecer a los “suyos” y enriquecerse de forma ilícita con total impunidad, de ahí su empecinamiento en mantenerse en el poder. Una forma de conseguir sus fines puede ser regalando bienes públicos como ha ocurrido con las inmatriculaciones de la Iglesia, otra forma puede ser por medio de negocios fraudulentos con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas como ha sido en el caso Gürtel, Púnica, etc. Otra forma es “perdonar” la delincuencia económica, como ha ocurrido con la amnistía fiscal de Montoro que ha supuesto una perdida al erario español de casi 200.000 millones de EUR.
Pero por si fueran pocos los escándalos del PP, queda por aclararse el tema del saqueo al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social, que al ser vaciado casi por completo no pueden ocultar por más tiempo que ya no hay dinero y las consecuencias las han empezado a sufrir los pensionistas. El saqueo ha sido indiscutiblemente ilegal porque no tenían ningún derecho a tocar el fondo de pensiones según la propia Constitución Española (CE) pero además hay que añadir que han usado una vez más, al igual como ocurrió con las preferentes en Bankia, el dinero ajeno especulando de forma fraudulenta con clara conciencia del perjuicio que ocasionaban a los pensionistas.
Al igual que ocurrió con los afectados por las preferentes en Bankia, todos los pensionistas debieran unirse y perseguir legalmente a los responsables del saqueo del Fondo de pensiones. Esto es algo que el Ministerio Fiscal debiera de hacer de oficio, pero al ser designado a dedo por el PP el Fiscal General del Estado, se entiende que no va a cumplir con la función que le encomienda la CE.
Esta información quedaría bastante incompleta si no se explica que el PP es el brazo político del Opus Dei, una secta que desde tiempos de Franco conserva el poder en España y de la que no se habla para nada en los medios en relación a las actuaciones fraudulentas del PP. La forma de actuar del Opus Dei es descrita en el periódico argentino Tribuna:
“La forma de actuar del Opus es de aspiradora, permitiendo el crecimiento y absorción de empresas en un rubro determinado, hasta que llegan a un tamaño crítico, luego del cual son vaciadas en forma fraudulenta y sus fondos transferidos a instituciones del Opus.”
La inesperada muerte del Fiscal General del Estado José Manuel Maza ha causado extrañeza en muchos ciudadanos, y en especial el hecho de no haberse permitido la autopsia del fallecido para salir de dudas sobre las causas reales de su muerte.
Sin entrar en elucubraciones que podrían encasillarse en lo que se ha dado en llamar teorías de la conspiración, hay algunas irregularidades que conviene resaltar para comprender que no se ha actuado correctamente por parte de los actores con competencias en este drama.
Según se ha publicado en TVE, Maza falleció en una clínica de Buenos Aires a causa de un “proceso infeccioso renal agravado por una patología crónica”. Una patología crónica implica que el paciente sufre una enfermedad por un tiempo prolongado, lo que repercute en su capacidad de defensa ante posibles complicaciones. No deja de extrañar que una persona de 66 años de edad debilitada por una enfermedad prolongada, viaje a países lejanos con una apretada agenda de trabajo como ha sucedido en este caso. También llama la atención que una persona enferma de 66 años de edad se mostrara muy activa durante toda una semana en su visita al Cono Sur, para después mostrarse repentinamente indispuesta y ser ingresada en una clínica privada donde fallece tras varios días de convalecencia.
En estas circunstancias, y para eliminar dudas sobre las causas de la muerte de Maza, debiera haberse realizado una autopsia. Pero la negativa por parte tanto de los familiares del fallecido como del Gobierno del PP, ha dado lugar a que muchos ciudadanos desconfien una vez más de la transparencia de un Gobierno excesivamente manchado por la corrupción. Aunque el PP ha demostrado que la veracidad de los resultados de sus autopsias no son de fiar, como se demostró en las autopsias de la tragedia del YAK-42 cuando Trillo era ministro de Defensa, podrían haber intentado un simulacro de autopsia falseando los resultados como hicieron con las víctimas del accidente del YAK-42, de esta forma se disiparían en gran parte las sospechas de muchos. Pero es el hecho de que el cadaver se encontrase en un país extranjero lo que hace pensar que no deseaban arriesgar que los resultados trascendieran a gente que no fuese de su confianza. Es evidente que prefieren dar lugar a sospechas antes que arriesgar a que los resultados de una posible autopsia se hiciesen públicos. Esto recuerda la descarada postura del PP impidiendo la investigación parlamentaria de los paraísos fiscales.
Tampoco ha sido muy acertada la postura del Gobierno argentino al no exigir una autopsia de una muerte sucedida en su jurisdicción, y que da lugar a suspicacias. Mientras no se haga una autopsia no hay forma de averiguar si la muerte fue producida por causas naturales o inducida por la presencia de una sustancia tóxica adquirida por envenenamiento.
Independientemente de que la familia del fallecido se negara, el Gobierno argentino podría legalmente haber exigido que se realizara una autopsia, para de esta forma dar una imagen de transparencia y no mancharse en este asunto.
No deja de resultar llamativo que Maza desapareciese en un “momento crítico”, como lo ha definido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, donde el caso Gürtel y las causas contra los independentistas catalanes estaban en estado candente. También llama la atención la cantidad de miembros del PP relacionados con el caso Gürtel que han muerto recientemente, y no precisamente por causas naturales.
Por último recalcar que el Fiscal General del Estado es puesto a dedo por el PP. Según se demuestra en el libro Naturaleza criminal del Opus Dei, el PP es el brazo político de este lobby, y es muy forzado aceptar que alguien que no sea un incondicional del Opus Dei sea asignado por el PP para un alto cargo. La posición de los familiares de Maza, de no exigir una autopsia, está en la línea de las familias del Opus Dei que no dejan transcender sus tragedias a pesar de ser provocadas en circunstancias extrañas, como por ejemplo la muerte de una joven que se suicidó tras graves e insistentes acosos por parte de miembros del Opus Dei. Algo que refuerza la imagen de oscuridad que tiene este lobby con rango de prelatura personal del Papa.
Las palabras subrayadas son enlaces a fuentes de información.
El Supremo ha rechazado que el Opus Dei esté obligado a alimentar a una mujer que se dio de baja de la Obra tras entregar sus salarios durante 28 años, al estimar que no se trata de una donación sino de la aceptación de una forma de vida que implica renunciar a los ingresos obtenidos en el trabajo.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo adopta esta decisión en una sentencia en la que desestima el recurso interpuesto por esta mujer, que durante 28 años entregó la totalidad de su salario al llamado club Virunga, una residencia amparada por el Opus Dei en la República democrática del Congo (Zaire) en la que vivía «y le eran atendidas todas sus necesidades de subsistencia».
Tras causar baja como numeraria, la mujer, que trabajó primero como profesora y después como funcionaria en la Embajada de España, reclamó la «revocación de la donación por causa de ingratitud», al negarle la prelatura del Opus los alimentos necesarios para su supervivencia, y alegó que se encontraba en esas circunstancias por haber donado desde 1982 hasta 2000 todas sus retribuciones.
En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid le dio la razón y condenó a la prelatura del Opus Dei a abonarle hasta que cumpliera los 65 años una renta anual de 27.742 euros en mensualidades de 2.311 euros, que se actualizaría cada año con los datos del IPC, o bien a pagarle 277.426 en concepto de liquidación de las relaciones «jurídico-económicas mantenidas».
Sin embargo, esta sentencia fue revocada en 2008 por la Audiencia Provincial de Madrid al entender que la entrega de esos salarios forman parte de «los votos y condicionantes religiosos» de la pertenencia al Opus y no pueden ser considerados como una donación a una institución de fines sociales.
El Supremo sintoniza con este punto de vista, y al confirmar la sentencia de la Audiencia de Madrid, destaca que la entrega de esos salarios no suponen «la creación de un título jurídico que implique ni la obligación de prestar alimentos» ni «la existencia y prueba de una donación modal», regulada en el Código Civil.
Por tanto, en este caso no hay donación «ni obligación de alimentos, que nunca se contrató» y «lo único acreditado es la aceptación por ambas partes» de un régimen de vida «personal, religiosa y económica organizada por el Opus Dei».
La mujer invocó también en su recurso un precepto del Vademecum de la Prelatura del Opus que señala que a «los que no siguen adelante» hay que tratarles «siempre con mucha caridad y delicadeza» y hacer con ellos lo que nos gustaría que hiciesen con nosotros «si nos encontrásemos, en las mismas dolorosas circunstancias»·
Para el Supremo, esto es «incluso aplaudible, pero de ello no cabe deducir, como interpretación de un documento, que se dé lugar a una obligación de alimentos de origen contractual».
El tema de las amnistías fiscales en España es un ejemplo de cómo se traiciona al interés público al dar un trato privilegiado a quienes merecen un castigo ejemplar. Desde el principio se sabía que una amnistía fiscal suponía un atentado contra los valores superiores de la Constitución Española de igualdad y justicia, y que por esta razón era ilegal. Pero el Tribunal Constitucional mediante una sentencia tardía ha permitido que se cometa el atropello, además de la impunidad de quienes han colaborado con semejante fraude.
Vamos a centrarnos en la amnistía fiscal de Cristobal Montoro para comprender el alcance de la posible responsabilidad criminal en la que pudieran incurrir los implicados en este proceso.
La amnistía fiscal de Montoro surge tras la revelación de las listas de Falciani, que delataban a cientos de contribuyentes españoles con cuentas en una sucursal de un banco en Suiza. Según Falciani, la cantidad que las autoridades españolas podrían recuperar de los defraudadores ascendía a 200.000 millones de EUR. Esta cifra la estimaba basándose en la documentación que él tenía en su poder. El Gobierno en lugar de perseguir a los responsables de fraude fiscal, los perdonó por su posible responsabilidad criminal, y además les hizo rebaja de tal forma que muchos pagaron en concepto de impuestos considerablemente menos del ya insultante 10% que Montoro había propuesto en un principio. El resultado fue que de esos 200.000 millones que se podrían haber recaudado gracias a las listas de Falciani, solo se recaudaron menos de 2.000 millones de EUR en base a una clara complicidad del Gobierno con los delincuentes defraudadores. Montoro ha demostrado su trato de amistad con los delincuentes económicos al encubrirlos, perdonarlos y darles trato especial de una forma insultante para los contribuyentes. Solo imaginar que hubiera sucedido si Pablo Iglesias hubiese estado incluido en las listas de Falciani, probablemente le hubiese faltado tiempo para hacer públicos sus posibles delitos y denunciarlo como hizo con Monedero.
Dentro de las posibles conductas delictivas tipificadas en el Código Penal español que recoge la amnistía fiscal de Montoro, se me ocurría en un principio que podrían ser: administración desleal, cooperación necesaria para fraude fiscal y alta traición. Pero para salir de dudas le pregunté a un catedrático de Derecho Penal de una universidad española, antiguo conocido, que me respondió lo siguiente: “…y prevaricación, malversación, cooperación activa y en comisión por omisión de defraudaciones a la Hacienda Pública, Seguridad Social, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos, etc.”
No cabe duda de que la actuación de Montoro no solo es inconstitucional, sino que también supone un conjunto de actuaciones delictivas que debieran de ser perseguidas de oficio. Es indignante que tan solo se publiquen tímidas peticiones de dimisión, cuando en realidad estamos ante un caso evidente de corrupción del que debieran depurarse responsabilidades penales. Las pérdidas al erario público que supone la amnistía fiscal de Montoro ascienden a más de 198.000 millones de EUR, y esto sumado a los 60.000 millones regalados a los bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia, etc., nos da una idea del saqueo que están realizando con total impunidad, aunque probablemente los datos aportados sean tan solo la punta de un iceberg.
La psiquiatría ha sido siempre la rama más resbaladiza de la medicina, entre otras razones, porque los conceptos de patología dentro del campo de las enfermedades mentales, han estado sujetos a convencionalismos que varían de unos sistemas de poder a otros, dependiendo de intereses que, desgraciadamente, con frecuencia no han sido honestos. Esta ha venido siendo la diferencia esencial con otras ramas de la medicina más precisas como la oftalmología, endocrinología, etc.
Cuando en la antigua Unión Soviética durante la Perestroika se liberaron muchos “enfermos mentales” de los centros psiquiátricos, los medios occidentales le dieron mucha publicidad a este hecho. Obviamente, tratar de enfermos mentales a los disidentes políticos, era un claro síntoma de corrupción que fue usado como un buen argumento para dar superioridad ética y moral a un Occidente que alardeaba de la transparencia y honestidad de sus “democracias”. Pero estos medios occidentales no dieron tanta publicidad a que los criterios para el diagnóstico de la personalidad esquizotípica de la Asociación Americana de Psiquiatría, siempre fueron un motivo de alarma. Y así lo denunciaba en el año 2003 la Dra. Carole Smith en la Revista de Estudios Psicosociales “Journal of Psycho-Social Studies” con su artículo “On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology”. Según este artículo, en la edición de 1987 del “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de EE.UU” o DSM, se establece que al menos tiene que haber cuatro de las características que se especifican para el diagnóstico de la esquizofrenia. De cuatro en la edición de 1987 pasaron a solo dos en la edición de 1994, curiosamente poco después de que la Perestroika hubiese acabado en la antigua Unión Soviética.
La profesora Lisa Cosgrove de la Universidad de Massachusetts y el periodista Robert Whitaker, describen en su obra “Psychiatry Under the Influence: Institutional Corruption, Social Injury, and Prescriptions for Reforms” como los intereses económicos (industrias farmacéuticas) y corporativos han sido fuente de corrupción en la psiquiatría. Según estos autores, convertir en enfermos a personas sanas es especialmente sencillo en psiquiatría donde no existen criterios biológicos para poder determinar la existencia o no de enfermedad: los criterios son “fungibles” y dependen del juicio profesional con lo que, en esencia, “los profesionales pueden hacer casi lo que quieran”.
Las cosas han ido a peor en posteriores ediciones del DSM y actualmente el solo hecho de ser crítico con la autoridad en EE.UU. puede ser considerado un síntoma de enfermedad mental según nuevos diagnósticos que se han inventado.
En los países con sumisión incondicional a los lobbies que controlan EE.UU. también se ha implantado esta forma de diagnosticar cualquier conducta que se salga de la “norma”. El resultado es una cantidad enorme de niños y jóvenes que reciben “diagnósticos” con la consiguiente medicación. En Suecia por ejemplo, gracias a mi trabajo como profesor en colegios públicos he podido constatar la facilidad con que se les asigna a los alumnos diagnósticos psiquiátricos, aunque los padres tienen que aprobar que se medique a sus hijos, cosa que afortunadamente no sucede en todos los casos. Estos diagnósticos al parecer acompañan al expediente de los alumnos de por vida.
En España, aunque no es tan conocido, tenemos muchos casos flagrantes documentados de corrupción en la psiquiatría y no parece casualidad que estos casos estén relacionados con el Opus Dei. Un ejemplo representativo es el del psiquiatra del Opus Enrique Rojas, quien, de común acuerdo con el marido de una mujer, maquinaron a espaldas de esta señora para quitarle la custodia de sus hijos e internarla en un psiquiátrico. Parece ser que además la señora tenía dinero. Este caso no es más que uno de tantos casos de falta de escrúpulos y de ética profesional dentro del Opus Dei. Así lo denuncian quienes conocen a los psiquiatras del Opus Dei: “Un psiquiatra de la obra es un delator y punto. No hay otro calicativo”. El artículo de Cristina Sánchez sobre la cuarta planta de la clínica del Opus viene a confirmar la falta de ética profesional de los psiquiátras de esta secta, y la impunidad de estos es una muestra más del poder que tiene el Opus Dei en el Estado. Es muy preocupante que una secta con tanto poder pueda tener control sobre la psiquiatría en una sociedad, porque muchas de sus víctimas acaban en centros psiquiátricos, y en muchas ocasiones estos internamientos son producto de maquinaciones persiguiendo beneficios económicos, como se ha demostrado más de una vez tratándose del Opus Dei.
Probablemente el lector habrá visto o leído alguna obra policiaca donde el criminal, tras ser desenmascarado ante testigos, reacciona acusando al detective que lo deja en evidencia de que está “loco” para de esta forma restarle credibilidad. En un Estado controlado por organizaciones criminales, parece ser común esta reacción, pero la diferencia es que al tener el poder del Estado pueden llegar a internar a quienes se les antoje, y según el artículo sobre la cuarta planta de la clínica del Opus, en muchos casos tras un proceso de hostigamiento y maquinación premeditada a espaldas de la víctima.
La calificación de teorías de la conspiración a cualquier intento de poner en duda la versión que dan los gobiernos corruptos, es un indicio de esta línea de mostrar como desequilibrados a quienes se atreven a dudar de sus “honestas” versiones de los hechos. Es un grave error dejar la seguridad de los ciudadanos en manos de profesionales cuyos criterios son de dudosa honestidad. Pero como se ha visto en las disposiciones de la Asociación Americana de Psiquiatría y en las acciones de los psiquiatras del Opus Dei, cualquier disidente a sus intereses está en peligro de ser diagnosticado de una grave enfermedad mental. Un sistema transparente que lucha activamente contra la corrupción, no permitiría jamás que semejantes delincuentes pudiesen ejercer la psiquiatría quebrantando las normas deontológicas con fines ilegítimos con total impunidad.
P.D. Las palabras subrayadas son enlaces a fuentes de información.
Publicado en geoestrategia.es (publicaciones del Intituto Español de Geopolítica)
La secta Opus Dei, como ya se ha visto en otros artículos (ver Saqueo de Bienes Públicos) saquea brutalmente a la sociedad española sin que nadie se lo impida, y desgraciádamente tras décadas de saqueo salvaje, la sociedad está empezando a sufrir las consecuencias sin que se plantee de una vez por todas que significa tener a una secta peligrosa, como es el Opus, en una situación tan privilegiada en los puestos clave del Estado. Probablemente los fraudes que pretenden hacer pagar a la sociedad española, y que ascienden a centenas de miles de millones de euros, solo son la punta de un iceberg que ha ido creciendo a lo largo de muchos años. Pero no les basta con saquear al país, además maltratan físicamente y de una forma humillante a los que intentan protestar públicamente contra este fraude que, entre otros agravantes, les ha llevado al Gobierno de la nación embaucando a la sociedad por medio de mentiras, gracias a su poderoso aparato propagandístico y control e influencia en medios de comunicación global.
Video que muestra la falta de escrúpulos de los medios que se han valido para conseguir el gobierno de la nación.
Es de dominio público que la policía con el Gobierno del PP (del Opus) se ha caracterizado por su desmesurada violencia contra manifestantes, y en muchas ocasiones se ha documentado, mediante grabaciones de video, que han agredido sin motivos justificables de ninguna forma. Es preocupante el número de muertes de presos bajo custodia policial durante el tiempo que lleva el PP en el Gobierno. En algunos casos, el hecho de tratarse de padres con hijos pequeños, hace muy forzada la teoría de suicidio, y si se tiene en cuenta que en todos los casos ha habido indicios claros de tortura en los cadáveres, todo apunta a casos de homicidio, o bién suididio inducido por el terror a seguir siendo torturado, lo que en mi opinión es aún más grave.
Los indultos a policías condenados por la práctica de torturas con presos, se han dado de forma improcedente, porque la actual ley de indulto, aunque anticuada, se prevee solo para casos donde existe una razón de bien común que a todas luces brilla por su ausencia en estos casos de torturas, y en consecuencia, al aplicar de forma improcedente una ley sobre un asunto tan grave, convierte al Gobierno, en mi opinión, en complice de esas torturas y posibles muertes derivadas de estas. Un caso más reciente muestra que no solo se les indulta a los torturadores, sino que además se les da puestos de “confianza” como muestra esta noticia: El nuevo jefe de la Policía en Cantabria fue condenado por torturas e indultado por el PP.
Además, este Gobierno del PP (del Opus Dei) se está caracterizando por una serie de indultos a políticos corrompidos de tal forma que está causando una fuerte polémica entre juristas de diversos ámbitos por la arbitrariedad que está demostrando este Gobierno del Opus Dei, dejándose en evidencia en cuanto a su complicidad con la corrupción. Solo ver la cantidad de miembros del PP (partido del Opus Dei) que aparecen en las listas de españoles con cuentas en Suiza que se han revelado gracias a la heroica acción de Falciani.
Según este artículo: “Fuerte polémica por el uso arbitrario del derecho de gracia” el problema con las torturas es que son muy pocos los casos que se persiguen, la mayoría de las veces existen barreras infranqueables y los pocos casos en los que se condena a los torturadores les dan un indulto. Por esta razón el indulto a estos policías torturadores es de una gravedad extrema. Otro problema es probablemente la pasividad de la mayoría de la sociedad española que se deja engañar, saquear y maltratar sin que se decida de una forma firme a impedir que esto continúe, y que los responsables tengan un castigo ejemplar, a la altura de lo que se merecen por sus múltiples crímenes cometidos con todos los agravantes de responsabilidad criminal que pueda haber al respecto. Toda esta situación crea una muy desagradable sensación de impotencia.
Cuando la práctica de torturas se realiza de forma sistemática y continuada en el tiempo, entonces podemos hablar de crímenes contra la humanidad, y que como tales, los autores de torturas estarían sujetos a la competencia del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Hay que tener en cuenta para entender su impunidad que familias enteras unidas, como ha ocurrido en el caso del YAK-42, no han conseguido procesar al opusino Federico Trillo responsable del fraude al dinero público que costó la vida a decenas de españoles, que los condenados en este sucio y oscuro asunto han sido indultados tan pronto como el Opus llegó al Gobierno, y que los jueces que han tocado redes de corrupción de forma que hacían peligrar los intereses del Opus, han sido procesados como ha ocurrido con el juez Garzón en el caso Gürtel, el juez Elpidio en el caso Blesa, el juez Manglano en el caso Naseiro y la jueza Blanca Esther Díez en el caso de corrupción en Marbella (ver más en la Secta Opus y el Poder Judicial).
Añado este video que recopila pruebas sobre la estafa que el PP (el partido del Opus) supone para la sociedad sin que se hable hasta el momento, que yo sepa, de procesar al Gobierno por estafa, y en mi opinión también deberían procesarlos por complicidad en torturas, alta traición, prevaricaciones, etc.etc.
Aunque Descartes afirmaba en su Discurso del Método que «el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo», viendo a la sociedad española es algo que yo pongo en duda. Solo con ver que muchos han votado a un partido tan manchado de escándalos de corrupción, para no decir, que han votado a una secta peligrosa como es el Opus Dei. Si bién no han sido la mayoría los que les han votado y además existen indicios razonables de que ha habido pucherazo, no se puede permitir que una organización criminal como es el PP siga en el Gobierno.
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