Este video, expone de forma breve, pero muy clara, qué es la deuda ilegítima y el toreo que sufre la sociedad en general por las llamadas crisis que son ocasionadas por corrupción y no por causas inevitables como con frecuencia se quiere hacer creer. Para reflexionar como se exige pagar a la sociedad deudas ilegítimas mientras, por ejemplo, en España se regalan fortumas de dinero público a los bancos sin exigir devolución.
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En esta publicación adjunto el prólogo de mi último ensayo además de la tabla de contenidos y el capítulo 10 sobre los lobbies.
Tabla de contenidos:
Capítulo 1- El poder: definición y formas de adquisición
Capítulo 2- El concepto de legitimidad
Capítulo 3- Corrupción
Capítulo 4- La ley y la legitimidad
Capítulo 5- La utopía del Estado de Derecho y la naturaleza humana
Capítulo 6. La guerra cognitiva
Capítulo 7. El imperialismo
Capítulo 8. Los servicios de inteligencia: poder opaco y riesgos de corrupción
Capítulo 9: El poder de las religiones institucionalizadas
Capítulo 10: Los lobbies
Capítulo 11: El poder de las potencias externas
Capítulo 12: Las bases biológicas del poder y los límites evolutivos de la democracia legítima
Conclusión General
BIBLIOGRAFÍA
Prólogo
Aclaración conceptual previa
Todo análisis riguroso sobre el poder y la corrupción requiere, como punto de partida, una aclaración de los conceptos fundamentales que se van a utilizar. Sin esta precisión previa, resulta difícil evitar generalizaciones o juicios morales poco fundamentados. Por esta razón, antes de entrar en el desarrollo del argumento, es necesario delimitar algunos términos clave.
El poder al que se refiere este ensayo es el poder social, entendido como la capacidad de un actor (individual o colectivo) de condicionar, influir o imponer de forma significativa el comportamiento, las decisiones o las circunstancias de otros actores en un contexto de interacción social, incluso cuando ese comportamiento contraviene sus preferencias iniciales. Este poder se ejerce en un marco de rivalidad, ya que distintos actores compiten por controlar recursos, posiciones o reglas que afectan la distribución de costes y beneficios en la vida colectiva.
Los fines del poder no son siempre idénticos. En algunos casos se persiguen victorias estratégicas concretas (control territorial, acceso a recursos o eliminación de rivales). En otros, el objetivo es más amplio: mantener o ampliar la propia capacidad de influir sobre las decisiones colectivas a lo largo del tiempo. Comprender esta diversidad de fines es necesario para analizar con precisión los mecanismos mediante los cuales el poder se adquiere, se ejerce y, eventualmente, se corrompe.
Otro concepto fundamental es el de legitimidad. Un poder puede ser efectivo sin ser legítimo, y puede ser legítimo sin ser plenamente efectivo. La legitimidad no se reduce a la legalidad formal ni a la mera aceptación social en un momento determinado. Su análisis requiere distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, así como entre sus distintas fuentes.
El término legitimidad es uno de los conceptos más importantes y debatidos en el análisis del poder. Una de las aportaciones más influyentes sigue siendo la de Max Weber, quien distinguió tres tipos puros de dominación legítima: la tradicional, la carismática y la racional-legal. Otra tradición fundamental sostiene que la legitimidad del poder político descansa en el consentimiento de los gobernados, idea expresada con claridad en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776.
Sin embargo, el consentimiento de los gobernados solo puede considerarse fuente de legitimidad cuando no ha sido obtenido mediante engaño sistemático y cuando el poder resultante no favorece de manera clara y persistente a unos pocos en perjuicio de la mayoría. Si los gobernados consienten un poder alcanzado mediante mentiras y que opera de forma sistemática en beneficio de una minoría a costa del interés general, nos encontramos ante una forma de corrupción. La corrupción, entendida como el uso del poder para obtener beneficios privados a expensas del interés general, es incompatible con la legitimidad sustantiva del poder.
Por esta razón, en este ensayo se adoptará la siguiente definición de trabajo:
La legitimidad se entiende como el grado en que el ejercicio del poder es percibido como justificado por aquellos sobre quienes se ejerce, ya sea por su origen, por sus procedimientos, por sus resultados o por su conformidad con normas compartidas. Esta legitimidad no es un atributo estático, sino una cualidad de relación dinámica que influye directamente en la estabilidad del poder y en los riesgos de corrupción.
Igualmente importante es precisar qué se entiende por corrupción. En este ensayo, la corrupción no se limita a la malversación de fondos públicos ni a conductas delictivas tipificadas. Se entiende como el uso del poder —público o privado— para obtener beneficios privados a expensas del interés general o de las reglas que deberían regir su ejercicio. Existen diferentes tipos de corrupción (menor, grave, sistémica), así como distintos niveles de riesgo según las condiciones institucionales, culturales y estructurales en las que opera el poder. Estos aspectos serán tratados con mayor profundidad en capítulos posteriores.
Finalmente, es necesario tener presente que la corrupción no es un fenómeno aleatorio ni exclusivamente moral. Existen riesgos reales de que el poder derive en comportamientos corruptos, y estos riesgos están influidos por factores como la concentración de poder, la falta de rendición de cuentas, la opacidad informativa, los incentivos perversos y la debilidad de las normas sociales que castigan el abuso. Identificar estos factores con claridad es uno de los objetivos centrales de este trabajo.
El presente ensayo parte de la convicción de que para comprender el fenómeno de la corrupción es necesario, en primer lugar, entender la lógica del poder y los mecanismos mediante los cuales se adquiere, se mantiene y se ejerce. Solo desde esta base conceptual es posible analizar con rigor cuándo y por qué el poder tiende a corromperse, y bajo qué condiciones puede mantenerse relativamente alejado de ese riesgo.
Este ensayo se distingue de otros trabajos sobre el poder y la corrupción en varios aspectos. En primer lugar, parte de una aclaración conceptual explícita de los términos fundamentales antes de entrar en el análisis. En segundo lugar, examina de forma sistemática las distintas modalidades mediante las cuales se adquiere y se mantiene el poder —desde la guerra cinética tradicional hasta las formas contemporáneas de guerra híbrida, de información, cognitiva, económica y regulatoria—, entendidas todas ellas como mecanismos de una misma rivalidad por el control. En tercer lugar, establece una conexión directa entre legitimidad y corrupción. Aunque el concepto de legitimidad es relativo, en este ensayo se considera legítimo únicamente aquel poder que es aceptado por los gobernados por considerarlo razonable, y no el que se impone mediante la fuerza o mediante métodos como la mentira, la manipulación o la coacción sistemática. Desde esta perspectiva, un poder obtenido o ejercido de forma corrupta no puede considerarse legítimo.
El objetivo del trabajo no es realizar un juicio moral sobre la corrupción, sino analizar los mecanismos que la hacen posible o probable, así como las condiciones bajo las cuales el poder puede mantenerse alejado de ella.
CAPÍTULO 10
Los lobbies
10.1. Concepto y definición
Un lobby (o grupo de presión, cabildeo) consiste en la actividad organizada y profesional mediante la cual actores privados —empresas, asociaciones sectoriales, consultoras o grupos de interés— buscan influir de manera sistemática en las decisiones de los poderes públicos (legislativas, regulatorias o administrativas) con el objetivo de defender o promover sus intereses particulares, ya sean económicos, sectoriales o ideológicos.
Esta definición operativa destaca dos elementos centrales:
- La organización estructurada y profesionalizada: Se trata de esfuerzos coordinados, sostenidos en el tiempo y ejecutados por actores con recursos específicos (económicos, relacionales y de expertise) para incidir en el proceso de toma de decisiones.
- La orientación hacia intereses particulares: El fin último es condicionar la acción pública para que genere resultados favorables (o menos perjudiciales) a esos intereses concretos.
Desde la perspectiva adoptada en este ensayo, el lobby presenta una tensión estructural con principios democráticos fundamentales, particularmente con la igualdad ante la ley y la orientación de la acción pública hacia el interés general. Al permitir que actores con mayor capacidad organizativa, económica o relacional ejerzan una influencia desproporcionada sobre quienes toman decisiones que afectan a toda la colectividad, el lobby introduce, por su propia lógica, una desigualdad de facto en el acceso al poder decisorio. No todos los ciudadanos ni todos los grupos poseen los mismos medios para “hacerse oír” con la misma eficacia.
Esta influencia sistemática choca frontalmente con la idea de que la Administración y el legislador deben actuar de forma imparcial, guiados exclusivamente por el bien común. Cuando un lobby logra que una norma, una subvención, una regulación o una política pública se incline hacia un interés privado —aunque se presente envuelto en argumentos técnicos o de “interés general”—, se produce una desviación de la acción pública que beneficia a unos pocos a costa de la colectividad. En este sentido, el lobby no es solo un mecanismo de participación, sino una forma institucionalizada de competencia desigual por el control de las reglas que distribuyen costes y beneficios en la sociedad.
Formas de influencia
- Respecto al tráfico de influencias y la corrupción: Se trata de delitos por los que prevaleciéndose de un alto cargo se influye en la administración para sacar beneficio. Las actividades de los lobbies influyendo a la administración para beneficio propio en perjuicio de lo público, se suelen realizar por medio de políticos que pertenecen a un lobby, y estas actividades se podrían encuadrar dentro del delito tipificado como tráfico de influencias. En España el lobby por excelencia es el Opus Dei, y la práctica de las puertas giratorias se lleva realizando desde los tiempos de Franco, especialmente por parte de ministros opusinos que después pasaron a ser banqueros como, por ejemplo, López Bravo, López de Letona, Oriol, etc. que pasaron al Banesto. Mariano Navarro Rubio que de ministro de Hacienda pasó a gobernar el Banco de España para, más tarde, ser condenado e indultado por el escándalo Matesa, etc.
- Respecto al activismo ciudadano o la participación democrática genuina: La participación ciudadana ideal se basa en la igualdad de voz y voto. El lobby, en cambio, opera mediante recursos asimétricos (financiación, acceso privilegiado, expertise pagado, puertas giratorias) que convierten la influencia en una mercancía accesible principalmente a quienes pueden pagarla.
- Respecto a la mera expresión de opiniones: El lobby no se limita a opinar públicamente; busca incidir directamente en el núcleo de la decisión pública de forma estratégica y orientada a resultados concretos.
En definitiva, más allá de las definiciones neutras que lo presentan como un mero “puente” entre sociedad y poder, en este ensayo se entiende el lobby como una manifestación contemporánea de la dinámica del poder: la capacidad de ciertos actores de condicionar las reglas del juego colectivo en su propio beneficio. Esta actividad revela una de las vías principales por las cuales el poder privado penetra y moldea el poder público, generando riesgos sistemáticos de captura y erosión de la legitimidad democrática.
10.2. Historia y evolución
El origen moderno del lobby se remonta al siglo XIX en Estados Unidos, donde el término comenzó a popularizarse en los vestíbulos de los hoteles y edificios parlamentarios de Washington. Durante la “Era Dorada”, grandes corporaciones ferroviarias, bancarias e industriales ejercieron una influencia descarada sobre legisladores, comprando votos y financiando campañas. Esta etapa marcó el nacimiento del lobby como actividad profesional al servicio del gran capital.
En el siglo XX, el fenómeno se sofisticó y se internacionalizó. Un caso paradigmático es el de la ITT (International Telephone and Telegraph), una de las mayores multinacionales estadounidenses de telecomunicaciones. Durante las décadas de 1960 y 1970, ITT no solo ejerció un lobby intenso en Washington para proteger sus intereses en América Latina, sino que participó activamente en operaciones políticas encubiertas. La empresa destinó millones de dólares a presionar al gobierno estadounidense para evitar la nacionalización de sus filiales en Chile. Según documentos desclasificados, ITT colaboró con la CIA y sectores políticos chilenos opositores al gobierno de Salvador Allende, contribuyendo financieramente a desestabilizar el régimen democrático con el fin de proteger sus inversiones. Este caso ilustra cómo el lobby corporativo puede trascender la mera influencia legislativa para convertirse en intervención política directa a escala internacional.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo estadounidense se expandió hacia Europa y otras regiones. La globalización económica, la creación de la Unión Europea y las olas de desregulación de los años 80 y 90 multiplicaron los puntos de decisión y profesionalizaron aún más la actividad. Surgieron despachos especializados, think tanks y estrategias integradas de influencia que combinaban presión directa, financiación de campañas, control de narrativas mediáticas y “puertas giratorias”.
En el siglo XXI, el lobby ha alcanzado una escala y sofisticación inéditas. Las grandes corporaciones tecnológicas, financieras y energéticas operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones, influyendo en organismos supranacionales (Comisión Europea, OMS, FMI) y utilizando herramientas digitales para moldear la opinión pública. Las “puertas giratorias” se han normalizado, y la distinción entre lobby legítimo y captura del Estado se ha difuminado en muchos casos.
En España, la evolución ha sido más opaca. Históricamente, la influencia se canalizó a través de redes personales, la Iglesia y grandes grupos económicos. La reforma de 1998 que facilitó las inmatriculaciones masivas de bienes eclesiásticos y las modificaciones en la legislación hipotecaria y del suelo son ejemplos claros de cómo lobbies poderosos consiguieron cambios normativos altamente favorables en momentos de mayorías estables.
En definitiva, lo que empezó como presión puntual en pasillos parlamentarios se ha convertido en una industria global sofisticada, capaz de condicionar no solo leyes concretas, sino agendas políticas enteras y, en casos extremos, la estabilidad de gobiernos. Esta trayectoria histórica muestra la progresiva concentración de poder en manos de actores privados transnacionales.
10.3. Características principales
El lobby contemporáneo se distingue por un conjunto de rasgos estructurales que lo convierten en uno de los mecanismos más eficaces de ejercicio del poder privado sobre el poder público.
Organización, profesionalización y opacidad
En primer lugar, el lobby es una actividad altamente organizada y profesionalizada. Ya no depende de contactos ocasionales o aficionados: cuenta con despachos especializados, consultoras de asuntos públicos, abogados, ex altos cargos y equipos multidisciplinares que combinan conocimiento jurídico, político, económico y comunicativo. Esta profesionalización permite una acción continua, estratégica y adaptada a cada contexto normativo.
En segundo lugar, la opacidad es una de sus características más persistentes. Aunque en países como Estados Unidos existe una obligación de registro (Lobbying Disclosure Act), en gran parte de Europa —y especialmente en España— la actividad sigue desarrollándose en gran medida en la sombra. La falta de un registro obligatorio, transparente y con sanciones reales permite que muchas operaciones de influencia queden fuera del escrutinio público. Esta opacidad no es accidental: constituye una condición de eficacia. Cuanto menos visible es la presión, mayor es su capacidad de condicionar decisiones sin generar rechazo social.
Técnicas de influencia
El repertorio de técnicas de los lobbies es amplio y sofisticado. Entre las principales destacan:
- Puertas giratorias: El paso fluido de políticos, altos funcionarios y reguladores a puestos directivos o de lobby en las empresas que antes regulaban (y viceversa). Esta práctica genera conflictos de interés estructurales y transmite conocimiento interno y redes de contacto privilegiadas del sector público al privado.
- Financiación de campañas políticas: En sistemas donde está permitida o poco regulada, las contribuciones económicas a partidos y candidatos otorgan acceso preferencial y capacidad de influencia sobre agendas legislativas.
- Think tanks y producción de conocimiento: La creación o financiación de institutos de investigación aparentemente independientes que generan estudios, informes y recomendaciones alineados con los intereses del financiador. Estos documentos sirven para legitimar científicamente posiciones particulares y darles apariencia de interés general.
- Presión mediática y control de narrativas: Campañas en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales para moldear la opinión pública, crear urgencia o demonizar regulaciones contrarias a sus intereses.
- Otras técnicas: Incluyen la organización de eventos “formativos” para políticos, la redacción de enmiendas “llave en mano” para proyectos de ley, el uso estratégico de litigios, y la movilización selectiva de sectores afectados (trabajadores, consumidores o regiones) para generar presión indirecta sobre los decisores.
Estas técnicas no operan de forma aislada, sino como parte de una estrategia integrada. Un lobby eficaz combina acceso directo al poder con capacidad para condicionar el entorno informativo y cultural en el que se toman las decisiones.
En conjunto, estas características convierten al lobby en un actor capaz de transformar intereses privados en políticas públicas con una eficacia que rara vez logran los ciudadanos comunes. Su profesionalización y opacidad explican en gran medida por qué, en muchas democracias, la acción pública tiende sistemáticamente a favorecer a los actores mejor organizados y con mayor capacidad económica, en detrimento del interés general y del principio de igualdad ante la ley.
10.4. Poder real de influencia en los Estados
Más allá de su organización y técnicas, lo que define al lobby es su capacidad real de condicionar el ejercicio del poder estatal. Este poder se manifiesta principalmente a través de dos fenómenos estrechamente relacionados: la captura regulatoria y la captura legislativa.
La captura regulatoria ocurre cuando los reguladores o agencias públicas terminan defendiendo los intereses de las industrias que deberían supervisar, en lugar del interés público. Esto sucede por una combinación de factores: puertas giratorias, presión constante, asimetría de información (las empresas poseen datos técnicos que el regulador no tiene) y la amenaza implícita de que las empresas puedan trasladar sus inversiones o generar problemas económicos si se regulan con rigor.
La captura legislativa es aún más grave: consiste en la capacidad de influir directamente en la elaboración, modificación o bloqueo de leyes. En este caso, el lobby no solo busca favores puntuales, sino que moldea las reglas estructurales del juego económico y social.
Ejemplos en diferentes países
- Estados Unidos: Es el caso más estudiado y paradigmático. Los lobbies gastan miles de millones de dólares anuales. Sectores como el farmacéutico, armamentístico, financiero y de las tecnologías han demostrado una capacidad extraordinaria para bloquear reformas (por ejemplo, la regulación estricta de armas, el control de precios de medicamentos o la reforma financiera profunda tras la crisis de 2008). El caso ITT mencionado anteriormente o el lobby de Wall Street antes y después de la crisis financiera son ejemplos claros.
- Unión Europea: Aunque cuenta con un registro de transparencia, los lobbies corporativos (especialmente bancos, grandes energéticas, tecnológicas y agroindustria) dominan el proceso legislativo en Bruselas. Se estima que por cada lobby que defiende intereses públicos o medioambientales, existen varios que representan intereses corporativos con presupuestos mucho mayores. La influencia se ejerce especialmente en directivas y regulaciones técnicas que pasan más desapercibidas para la opinión pública.
- España: La influencia es particularmente opaca por la ausencia de una regulación efectiva del lobby. Ejemplos significativos incluyen la ya mencionada reforma de la Ley Hipotecaria y del Suelo de 1998, que favoreció claramente a la ICAR, al sector bancario e inmobiliario; la fuerte resistencia de ciertos lobbies energéticos a políticas de transición ecológica; o la capacidad de la Iglesia para mantener privilegios fiscales y de inmatriculación durante décadas. Las puertas giratorias son especialmente visibles en sectores regulados (banca, energía, telecomunicaciones y consultoría).
- América Latina: La situación es aún más desigual. En países con instituciones más débiles, los lobbies (tanto nacionales como transnacionales) han logrado capturas profundas. Ejemplos incluyen la influencia de empresas mineras y agroexportadoras en la legislación ambiental y laboral, o el rol histórico de grandes corporaciones en desestabilizaciones políticas. En varios países, la captura del Estado por parte de élites económicas ha sido un factor recurrente de inestabilidad y desigualdad.
En todos estos contextos, el resultado común es la erosión progresiva de la soberanía popular: las decisiones que afectan a millones de personas (impuestos, regulaciones laborales, sanitarias, ambientales o financieras) se toman cada vez más en función del poder de presión de grupos organizados con recursos desproporcionados, en lugar de responder a un genuino interés general.
Esta capacidad real de influencia revela que el lobby no es un simple actor más en el pluralismo democrático, sino un mecanismo que introduce una desigualdad estructural ante la ley. Mientras el ciudadano común tiene un voto cada cuatro años y una voz limitada, ciertos actores privados disponen de acceso permanente, recursos ilimitados y capacidad para reescribir las reglas a su medida.
10.5. Poder real de influencia en la sociedad
El poder de los lobbies no se limita a los pasillos institucionales. Su influencia más profunda y peligrosa radica en su capacidad para moldear la sociedad misma: condicionar lo que la gente piensa, qué problemas se consideran prioritarios y qué soluciones se perciben como posibles o deseables.
Moldeado de la opinión pública
Los lobbies contemporáneos invierten cantidades ingentes de recursos en ingeniería del consentimiento. No se conforman con influir directamente sobre el político; buscan crear un entorno social y cultural favorable a sus intereses. Para ello emplean estrategias sofisticadas:
- Financiación de encuestas y estudios de opinión sesgados.
- Campañas publicitarias masivas en medios tradicionales y redes sociales.
- Creación de movimientos aparentemente ciudadanos (astroturfing), que simulan un apoyo popular espontáneo.
- Colaboración o presión sobre medios de comunicación a través de publicidad, acceso exclusivo a información o amenazas económicas.
De este modo, lo que en realidad es un interés particular (por ejemplo, mantener subsidios a combustibles fósiles, evitar regulaciones estrictas al sector financiero o retrasar la transición ecológica) se presenta como una necesidad económica, un peligro para el empleo o una amenaza a la libertad individual.
Control de narrativas y agendas políticas
Esta capacidad de moldear narrativas permite a los lobbies ejercer un control indirecto pero muy efectivo sobre las agendas políticas. Consiguen que ciertos temas desaparezcan del debate público mientras otros se imponen con urgencia. Ejemplos habituales son:
- La minimización sistemática de la desigualdad o de los costes sociales de determinadas políticas económicas.
- La naturalización de privilegios fiscales para grandes corporaciones o fortunas.
- La demonización de cualquier intento de regular sectores estratégicos (banca, energía, tecnología o farmacéutica) presentándolo como “intervencionismo”, “populismo” o “ataque a la libertad empresarial”.
En este sentido, los lobbies actúan como verdaderos guardianes de ciertas ideas dominantes. A través de think tanks, universidades, influencers y medios afines, construyen un marco interpretativo que hace que alternativas políticas más equitativas parezcan inviables, radicales o utópicas.
En España y en muchos países de América Latina, esta influencia social es especialmente visible en el debate sobre temas como la vivienda, la energía, la sanidad o la fiscalidad. Narrativas como “hay que facilitar el crédito para que la economía crezca”, “las regulaciones ahuyentan la inversión” o “los privilegios de ciertas instituciones son parte de nuestra tradición” han sido promovidas durante décadas por lobbies poderosos, logrando calar profundamente en el sentido común de amplios sectores de la población.
El resultado es una despolitización selectiva de cuestiones que afectan al interés general: lo que debería ser objeto de deliberación democrática se convierte en “técnico”, “inevitable” o “demasiado complejo” para el ciudadano común. Mientras tanto, los lobbies mantienen un acceso privilegiado al poder real.
Esta capacidad de influir sobre la sociedad completa el círculo de la captura: controlan la opinión pública → condicionan las agendas políticas → influyen en las decisiones legislativas y regulatorias → obtienen beneficios privados que refuerzan su poder para seguir moldeando la opinión. Se trata de un mecanismo autorreforzante que erosiona, desde dentro, la legitimidad democrática.
10.6. Relación con otros poderes fácticos
Los lobbies económicos no operan de forma aislada. Su poder se multiplica cuando se entrelazan con otros poderes fácticos: grandes corporaciones, iglesias institucionalizadas, servicios de inteligencia y fuerzas armadas. Estas redes cruzadas de poder generan un sistema de influencia mutuamente reforzado.
La relación más evidente es con las grandes corporaciones. Muchos lobbies no son más que la cara visible de intereses empresariales concentrados (banca, energía, farmacéutica, tecnología o agroindustria). Actúan como sus brazos especializados en influencia política.
Otro vínculo relevante es con iglesias institucionalizadas, especialmente la Iglesia Católica en países de tradición católica como España y gran parte de América Latina. Como se vio con las inmatriculaciones de 1998, esta institución ha mantenido una notable capacidad de influencia sobre legisladores y gobiernos para preservar o ampliar privilegios económicos, fiscales y simbólicos.
Los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas también mantienen conexiones menos visibles pero significativas. En algunos casos, lobbies de la industria armamentística o de seguridad influyen en presupuestos militares y políticas exteriores. En contextos más oscuros, han existido colaboraciones históricas entre servicios de inteligencia y empresas transnacionales (como en el caso ITT en Chile).
Estas redes cruzadas (económicas + religiosas + militares + de inteligencia) crean un entramado de poder que trasciende las instituciones democráticas formales. Se apoyan mutuamente: el lobby económico proporciona financiación y legitimidad técnica, mientras los otros poderes aportan influencia simbólica, coerción legítima o información privilegiada. El resultado es una estructura de poder híbrida, difícil de fiscalizar y que reduce aún más el margen real de la soberanía popular.
10.7. Riesgos para la legitimidad democrática y la corrupción
La actividad de los lobbies genera riesgos profundos para la legitimidad democrática y constituye una de las principales vías contemporáneas de corrupción sistémica.
En primer lugar, supone una erosión de la soberanía popular. Cuando las decisiones clave sobre impuestos, regulaciones, gasto público o políticas estructurales son fuertemente condicionadas por intereses privados organizados, el principio de que el poder emana del pueblo y se ejerce en su beneficio queda gravemente comprometido.
En segundo lugar, genera una desigualdad flagrante ante la ley. Mientras el ciudadano común enfrenta barreras para acceder al poder decisorio, los actores mejor financiados y organizados disponen de canales privilegiados de influencia. Esto contradice el principio básico de igualdad democrática.
En tercer lugar, facilita la captura del Estado, entendida como la subordinación progresiva de las instituciones públicas a intereses particulares. Cuando esto ocurre de forma sistemática, la corrupción deja de ser un fenómeno puntual (un funcionario corrupto) para convertirse en un problema estructural.
Medidas adoptadas por los Estados y sus limitaciones
Frente a estos riesgos, diversos países han intentado establecer controles:
- Estados Unidos cuenta con el Lobbying Disclosure Act de 1995, que obliga a registrar actividades y gastos, aunque su eficacia es limitada ante el enorme volumen de dinero involucrado.
- La Unión Europea mantiene un Registro de Transparencia, con avances recientes hacia mayor obligatoriedad.
- Algunos países han introducido periodos de enfriamiento para puertas giratorias, límites a la financiación de campañas y la obligación de dejar “huella legislativa”.
Sin embargo, estas medidas suelen ser insuficientes y tardías. En muchos casos, la propia regulación ha sido influida por los lobbies que pretendía controlar. La opacidad persiste, los registros son parciales, las sanciones débiles y las puertas giratorias encuentran formas creativas de eludir las restricciones. En países como España, la ausencia de una ley integral y efectiva agrava el problema.
En conclusión, los intentos regulatorios demuestran que el problema del lobby no se resuelve fácilmente con reformas técnicas: toca directamente la distribución real del poder en las sociedades contemporáneas.
Karlheinz Deschner fue un historiador que destacó por su estudio crítico del cristianismo y especialmente de la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR). Le fue concedido el prestigioso premio Arno Schmidt por sus esfuerzos para combatir la ignorancia. Entre sus trabajos destaca su monumental obra de 10 tomos Historia criminal del cristianismo. Pero es su obra El credo falsificado, la que quizá más repercusiones sociales pudiera tener, puesto que demuestra de forma rigurosa que el cristianismo como religión está basado en mentiras y falsificaciones, llegando a afirmar en su obra que:
“Quien, por principio, da por demostrada la historicidad de Jesús lo mínimo que se puede decir de él es que no es leal, y quizá un tramposo” y esto se deduce porque a día de hoy no hay una sola prueba segura de la existencia real de Jesús porque, entre otras cosas, ningún historiador del tiempo de Jesús escribió sobre él. La falta de honestidad es algo que se corrobora viendo la “santidad” de los representantes de la ICAR, que se presenta como la única Iglesia creada por Cristo, que más parecen interesados en dinero y poder que en otra cosa. Interesantes estas líneas extraídas del libro:
“Hay que conocer que no sólo el papa León X (1513-1521) debió decir lo “mucho que nos ha servido el embuste de Cristo” sino que Tertuliano, el padre del cristianismo de occidente, que está mucho más próximo a los orígenes del cristianismo (150-225), el auténtico fundador del catolicismo, abiertamente y por tres veces habló del cuento-Cristo”.
Sobre los Evangelios, que constituyen la única fuente que da información de Jesús, hay que decir que no son una fuente histórica, sino más bien obras literarias producto de la fantasía. Esto viene corroborado en el siguiente texto extraído de El credo falsificado:
“Del estudio de la exégesis crítica se deduce que los Evangelios no son fuentes históricas fiables sino productos de literatura mitológica surgidos del delirio de la fe, escritos misioneros y de propaganda destinados no sólo a fortalecer a los cristianos en su credo sino a ganar nuevos adeptos. Sus autores no habrían tenido el menor interés por la realidad histórica, tal y como la entendemos nosotros. Dicho de otro modo: Los Evangelios son producto de la fantasía de las comunidades posteriores. Antiguos mitos han ido depositando su huella”.
Desde luego, el tema de los milagros ya podría hacer ver los Evangelios como una obra mitológica, pero, además, está el tema de las numerosas contradicciones que restan credibilidad a estas “sagradas” escrituras. A continuación, algunos de los muchos ejemplos expuestos en El credo falsificado:
“Falta de memoria le ocurre a Juan el Bautista. En su bautismo de Jesús se abre el cielo, baja el espíritu santo y una voz proclama a Jesús como hijo amado; pero Juan, cuando 8 capítulos más tarde está en la cárcel, ha olvidado todos estos sucesos llamativos tan completamente que manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que va a venir o debemos esperar a otro?”
“Un milagro es el ángel en la narración de la resurrección. En Marcos las mujeres lo encuentran en el sepulcro; en Mateo está delante de la fosa en la losa corrida. En Lucas no está ni delante del sepulcro ni en el sepulcro, pero inmediatamente llegan dos ángeles. Se colocan de pronto junto a las mujeres. También en el cuarto Evangelio hay dos ángeles, pero estos aguardan ya sentados en el sepulcro. En el Evangelio de Marcos y en el de Juan aparece el resucitado primero a María Magdalena, en el de Mateo aparece primero a las dos Marías a la vez, en Lucas se muestra primero a los dos discípulos de Emaús. El lugar de las apariciones, según Marcos y Mateo, es en Galilea, según Lucas en Jerusalén”.
Que una institución basada en mentiras y falsificaciones tenga un enorme poder e influencia en las instituciones del Estado, condena a la sociedad a padecer un fraude continuo que se refleja por ejemplo en las inmatriculaciones ilegales de la ICAR, de las que no parece que estén dispuestos a devolver nada. Esto se agrava cuando a tantas personas las bautizan siendo menores de edad. La ICAR utiliza esta tradición impuesta de rituales como una especie de contrato de forma que, llaman “herejía” a la negación de las doctrinas católicas una vez recibido el bautismo. Una muestra de la falta de honestidad y perversión intelectual de la ICAR, es considerar miembros de su Iglesia a personas que han sido objeto de rituales sin su consentimiento en una edad donde legalmente no se puede exigir algún tipo de contrato. La mayoría de las personas bautizadas son ajenas a que la ICAR las utiliza en sus estadísticas para mostrarse enorme por el número de sus miembros, cuando en realidad esas cifras serían seguramente muy inferiores si se prohibieran esos rituales con menores y, solo los que legalmente fuesen considerados mayores de edad pudiesen bautizarse mostrando plena consciencia de lo que hacen. Pero en lugar de ser así, la ICAR exige un molesto proceso al que llaman apostasía para que te consideren fuera de su Iglesia y que implica la renuncia a la fe, como si los recién nacidos pudiesen tener alguna fe. Además, algunas diócesis se niegan a conceder la apostasía.
Así, no importa si eres una persona atea o detestas a la ICAR, te dicen que perteneces a su Iglesia, aunque no lo desees y sin que alguien jamás te haya preguntado si deseas pertenecer a su Iglesia siendo mayor de edad. Especialmente son descaradas esas diócesis que se niegan a aceptar la apostasía de quienes no desean pertenecer a la ICAR.
Es y ha sido una amenaza para la sociedad que una institución basada en mentiras controle por medio de sus miembros los recursos del Estado, pero esto es algo que ya sabemos y tenemos que soportar con impotencia, especialmente cuando impiden la reforma del actual Consejo General del Poder Judicial que descaradamente ocupan de forma abrumadora manteniendo los ilegales privilegios de la ICAR. Con un Poder Judicial honesto probablemente se impedirían los abusos de la Iglesia.
En política la expresión puerta giratoria se refiere a una conducta que está tipificada como delito en varios países como Francia, Canadá y Japón, y aunque en España esta conducta no esté tipificada como delito, esto no quiere decir que no se trate de comportamientos ilegales generalizados. Vamos a analizar estos comportamientos ilegales que conlleva la práctica de las puertas giratorias.
Cuando hablamos de puertas giratorias en un contexto político, estamos hablando de altos cargos públicos que al terminar su mandato se van al sector privado donde ocupan, en muchos de los casos, puestos privilegiados en empresas, las cuales ofrecen generosas remuneraciones económicas que no se corresponden con el tiempo de trabajo ofrecido. Por ejemplo, con frecuencia el trabajo se reduce a unas pocas reuniones al año sin ni siquiera tener experiencia en el sector que se supone que los ex-políticos tienen que asesorar. Tal es el caso de Arsenio Fernández de Mesa, ex-director general de la Guardia Civil que, sin experiencia ni estudios en el sector energético, se le incorporó como consejero en el REE con un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. Estos sospechosos privilegios al ocupar cargos en el sector privado, suelen ser consecuencia de los favores que han hecho los altos cargos públicos en el ejercicio de sus funciones al sector privado que, en pago, ofrece generosas ofertas para ocupar entre sus cargos directivos. Lo más grave de estas conductas es que, en muchas ocasiones, suponen un grave perjuicio de lo público en beneficio de los intereses privados de los que los políticos corruptos pasan a formar parte.
Delitos:
- Administración desleal: Este delito está tipificado en el artículo 252 del Código Penal, y se refiere a delitos contra el patrimonio al administrar bienes ajenos causando perjuicio a sus propietarios. En el caso de las puertas giratorias se han dado casos de vender empresas públicas rentables como, por ejemplo, Endesa, que su proceso de privatización supuso un expolio a los ciudadanos que financiaron mediante la tarifa eléctrica las inversiones que hicieron de Endesa una gran empresa rentable. El expolio se inició con el gobierno del PSOE de Felipe González y se culminó con el gobierno del PP de Aznar. Curiosamente ambos, Aznar y González, terminaron en los consejos de administración de empresas eléctricas, al igual que otros muchos cargos del PP y del PSOE.
- Tráfico de influencias: Se trata de delitos por los que prevaleciéndose de un alto cargo se influye en la administración para sacar beneficio. Las actividades de los lobbies influyendo a la administración para beneficio propio en perjuicio de lo público, se suelen realizar por medio de políticos que pertenecen a un lobby, y estas actividades se podrían encuadrar dentro del delito tipificado como tráfico de influencias. En España el lobby por excelencia es el Opus Dei, y la práctica de las puertas giratorias se lleva realizando desde los tiempos de Franco, especialmente por parte de ministros opusinos que después pasaron a ser banqueros como, por ejemplo, López Bravo, López de Letona, Oriol, etc. que pasaron al Banesto. Mariano Navarro Rubio que de ministro de Hacienda pasó a gobernar el Banco de España para, más tarde, ser condenado e indultado por el escándalo Matesa, etc.
- Malversación: Es un delito que tiene que ver con la sustracción o uso indebido de un patrimonio. En el caso de las puertas giratorias se trata de políticos que tienen a su cargo la custodia de un patrimonio público, y que lo malvenden para ser después recompensados. Ejemplos de malversación son la venta de empresas públicas rentables, regalar dinero público a bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia que mediante la opusina ley de Aznar de 1998 se permitió el expolio de lo público sin control de los bienes expoliados y los beneficios derivados de estos, etc.
- Prevaricación: Se trata de un delito cometido por funcionarios o cargos públicos que en el ejercicio de sus funciones actúan a sabiendas de forma arbitraria incumpliendo su deber.
- Alta traición: Supone cometer un acto de extrema deslealtad hacia un país, en este caso malvender los bienes públicos o regalarlos a intereses extranjeros. Por ejemplo, malvender empresas públicas rentables a capital extranjero, o regalar inmensas cantidades de propiedades públicas a la Iglesia Católica que, en definitiva, sus bienes están a disposición de la potencia extranjera llamada Vaticano. En mi opinión, se atenta contra la soberanía y seguridad del Estado.
- Cohecho: Consiste en el ofrecimiento, pago o promesa de una ventaja económica por realizar un acto en el ejercicio del cargo.
No descarto la posibilidad de que las puertas giratorias puedan recoger más conductas tipificadas en el Código Penal español, pero ya con los delitos expuestos, sería suficiente motivo para procesar a los responsables del expolio de los bienes públicos y, en mi opinión, no solo eso, sino que además se podría exigir la devolución de los bienes expoliados y procesar a los receptores de estos bienes públicos por ser coautores de estos delitos o cooperadores necesarios según el caso.
Aunque las puertas giratorias pueden suponer un conjunto de comportamientos ilegales, los cuales serían motivo suficiente para una persecución de oficio por parte del Ministerio Público en defensa de la legalidad, habría también que pensar en las consecuencias drásticas que han supuesto para la sociedad. Por ejemplo, sobrecargándo injustamente a tantas familias españolas al aumentar las tarífas eléctricas varias veces al año hasta alcanzar los precios más altos de la UE. La alevosía está en las ganancias multimillonarias que estas eléctricas han conseguido gracias a ensañarse con la población española. Pero hay consecuencias de la corrupción mucho peores para la población como los desahucios gracias a la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, las muertes por falta de asistencia médica, etc.
Todos los abusos recogidos en la práctica de las puertas giratorias se permiten gracias a la corrupción del Tribunal Supremo, competente para conocer de los delitos de los presidentes de gobierno y sus ministros que, por acción u omisión, permanece impasible ante tantas ilegalidades que asolan el país con terribles consecuencias económicas para la población. Estas son las consecuencias de que políticos reputadamente corruptos designen a dedo a los componentes del Consejo General del Poder Judicial.
Los acuerdos vigentes con el Vaticano vulneran el principio democrático de la separación entre las religiones y Estado, amparando legalmente la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo.
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Ya desde los tiempos de la dictadura el Opus desarrolló todo tipo de «técnicas» para evadir dinero de forma ilegal. Esto se aprecia en el siguiente texto en el que además se mencionan las fuentes de la información:
» Recuerdo que los opus dei en los tiempos de la dictadura, cuando España era pobre por el sistema de la autarquía y el aislamiento internacional, idearon y pusieron en práctica todo tipo de tretas para sacar divisas del país sin ser vistos. Incluso las numerarias llevaban los billetes cosidos en la ropa. Los pormenores los han contado Moncada, «Opus Dei, una interpretación», Indice, Madrid 1974 y Jesús Ynfante, «Opus Dei, Así en la tierra como en el cielo» Grijalbo 1996. Una pieza clave de estas movidas debió de ser Rafael Termes (1918-2005), fiel a Escrivá hasta después de su muerte. Observo que Rafael Termes ha sido un defensor del liberalismo económico, me baso en los títulos de sus artículos y libros en los que participó. Es inaudito como alguien perteneciente a una institución cuya divisa y modo de actuación es el autoritarismo y el secretismo más estrictos puede hablar de liberalismo en cualquiera de sus sentidos sin que nadie que lo lea reaccione. A Rafael Termes como a todo buen numerario triunfante no le faltaron cargos y distinciones, incluido su sillón en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Cruz del Mérito Civil y etc, etc. Termes jamás olió ninguna condena ni atisbo por evasión de capital ¿a quién se le ocurre? esas movidas eran voluntad de Dios. Y si España estaba en el furgón de cola de la economía y millones de españoles tuvieron que emigrar para buscarse la vida era un problema que nada tenía que ver con el opus dei.»
Pero el desarrollo de “técnicas” para evadir capital, es algo que nunca parecen haber dejado en desuso. Tanto es así, que con el tiempo han logrado mover sumas multimillonarias a su antojo con total impunidad. La forma de como operan se describe en este extracto de una traducción de un artículo de la revista francesa Golias-éditions.
«José María Ruiz Mateos era fundador y dirigente del gran holding privado RUMASA, Cuando hace treinta años, el Opus Dei empezó a interesarse por él, Ruiz Mateos ya se había dado a conocer por sus cualidades extraordinarias como empresario, en especial como productor de vino de Jerez (marca Dry Sack). En 1963 Ruiz Mateos entró en la Obra como supernumerario.
El negociante de vino y alcohol de carrera prometedora entró en contacto con dos miembros importantes del Opus Dei: el presidente del banco Popular español, Luis Valls Taberner y el ministro de industria, Gregorio López Bravo. Más tarde se le unieron el presidente de la asociación de los bancos privados españoles Rafael Termes Carrero y el presidente de las cajas de ahorro españolas, Sancho Dronda. Estos tres banqueros son personalidades importantes en el seno del Opus Dei.
Estas amistades permitieron a José María Ruiz Mateos pasar de productor de vino y alcohol a patrón de un gran holding: a través de un gran número de compra de sociedades, erigió un conglomerado multinacional gigantesco de alrededor de 600 empresas y 20 bancos, que empleaba a 60.000 trabajadores. Así se crearon empresas fantasma y se realizaron beneficios ilícitos, de los que el Opus Dei se aprovechó ampliamente (como José María Ruiz Mateos confesará después), a través de donaciones que él sacaba de su holding.
Por orden de las autoridades financieras españolas el holding tuvo que someterse a un importante control fiscal. En 1983 José María Ruiz Mateos rechazó una vez más tener en cuenta el ultimátum. Fue expropiado por el estado español para evitar males mayores y salvar miles de empleos. En efecto se descubrió que el industrial había endeudado a Rumasa por una cantidad de 2 mil millones de dólares (1.875.000.000 euros).
Durante la prisión preventiva Ruiz Mateos, anteriormente tan poderoso, comenzó a dudar de la fidelidad de sus antiguos amigos del Opus Dei. Se dio cuenta de que en realidad sólo él figuraba como acusado. De hecho, para “salvar los muebles”, sus amigos habían tramado una conspiración que lo transformó en chivo expiatorio. Pero la lengua del riquísimo hombre de negocios se desató a medida que iba rechazando jugar el mismo juego. Afirmó que tres miembros dirigentes del Opus Dei español, Alejandro Cantero, Juan Francisco Montuenga y Salvador Nacher, no sólo le habían pedido dinero para el Opus Dei en varias ocasiones, sino que ellos le habían indicado las cuentas en las que había que hacer los ingresos.
En mayo de 1986, la dirección del Opus Dei le fijó un ultimátum: le excluirían de la organización sino retiraba sus acusaciones. El industrial español no se mordió la lengua. Enseñó quince fotocopias para probar que los miembros del Opus Dei y de instituciones próximas a la organización estaban profundamente implicadas en el caso. Sin embargo el proceso instruido en los juzgados no progresaba ni un milímetro. Jiménez Lablanca, el procurador, era también miembro del Opus Dei… José María Ruiz Mateos lo acusó incluso de estar al corriente de las transacciones fraudulentas.
Si se añaden las cifras de las que se habló en este conflicto con el Opus Dei “familia pobre” – se estima en más de 50 millones de dólares (o sea 44.620.830 euros) la suma de los fondos desviados. Según los periódicos españoles, no sería más que la punta del iceberg. En realidad, había sumas más importantes en juego. Como prueba las sumas que pasaron de Rumasa al Opus Dei. Mientras que el holding estaba al borde de la quiebra, José María Ruiz Mateos afirma que habría pagado de nuevo 1,5 miles de millones de pesetas (alrededor de 9,15 millones de euros) al Instituto de Educación e Investigación (IEI) estructura próxima al Opus. Cuando el opus dijo que se trataba de una institución educativa, Ruiz Mateos contestó: “¿qué quiere decir en este caso institución educativa? El IEI es uno de los institutos creados en 1981 por el Opus Dei con la intención de poder cobrar el dinero de sus miembros. López Bravo sólo prestaba su nombre al mismo. Alejandro Cantero y Francisco Montuenga me pedían directamente el dinero como directores del Opus Dei en España. Cuando lo hacían les daba siempre, jamás supe donde iba a parar ese dinero. Jamás me dieron un recibo. Cheques, en especie, transferencias bancarias: las maneras de dar al opus dei son innumerables. El IEI no era más que una de ellas.”
Por supuesto el Opus Dei desmintió enérgicamente estas afirmaciones. Según la institución José María Ruiz Mateos habría falsificado los hechos. “Y además la Obra no sería responsable de las actividades libres de sus miembros” según un vicario regional español.
Estas “actividades libres”, llevadas por los miembros del Opus según el espíritu de la organización son prácticamente impenetrables. Por otra parte la Obra no se encarga de la dirección espiritual lo que le permite no aparecer en escena. Y como los miembros del Opus son generalmente desconocidos, las relaciones entre estas instituciones y la Obra quedan a menudo sin descubrir. A menudo, los responsables opusdeístas hablar de simples fundaciones o de instituciones de “utilidad pública”.
Los principios del sistema de fundaciones del Opus Dei pueden comprobarse en la Bolsa de Londres, donde en 1964 se creó la Netherhall Educational Association, ya citada, también un poco más tarde la Fundación General Mediterránea en España FGM, por un grupo bancario próximo al Opus Dei, el Atlántico-Bankunión. Al mismo tiempo en 1972 en la bolsa de Zurich se creó la Fundación Limmat, que mientras floreció el holding Rumasa, se desarrolló progresivamente para convertirse el punto central de una red internacional de fundaciones y bancos próximas a esas fundaciones. Curiosamente la mayoría de los miembros de esas fundaciones eran a su vez miembros del Opus Dei.
La fundación Limmat fue creada por el abogado de Zurich Alfred Wiederkehr, que aparentemente no es un miembro del Opus Dei. Aportó un capital de 100.000 francos suizos (5.354.800 euros). La fundación “persigue exclusivamente objetivos de utilidad pública especialmente en el ámbito de la educación, tanto en el interior del país como en el extranjero. Está exenta de impuestos puesto que es de interés público”, afirman los responsables del Opus Dei.
Casualmente Alfred Wiederkehr que se convertiría en el presidente de control de la fundación era presidente del consejo de administración de Nordfinanzbank de Zurich, que tenía la función de banco corriente del holding Rumasa. Las transacciones que Ruiz Mateos mostró en fotocopia pasaban por Nordfinanzbank. De este modo Alfred Wiederkehr efectuaba los pagos por medio de falsos bancos.
Alfred Wiederkehr estaba en activo no sólo para la fundación Limmat y el holding Rumasa, sino también en el emporio bancario de Roberto Calvi. El denominado “banquero de Dios” por sus considerables negocios con el Vaticano era director del mayor banco italiano, el Ambrosiano, que quebró de manera espectacular en 1982. Calvi fue condenado a cuatro años de prisión por comercio ilegal de divisas. Lo encontraron ahorcado bajo un puente de Londres. La policía inglesa dijo primero que era un suicidio, pero más tarde las autoridades británicas pusieron en duda esta afirmación.
Además del banco Ambrosiano, el IOR, el banco del Vaticano y su presidente entonces el cardenal arzobispo Marcinkus estuvieron en la picota. El banco del Vaticano era con mucha diferencia el mayor accionista minoritario en el holding bancario en quiebra de Calvi. La policía bancaria italiana calificó al Vaticano de “responsable” en la materia. Sorprendentemente el Vaticano, sin firmar ningún reconocimiento de deudas, ofreció un arreglo a 88 acreedores del banco Ambrosiano y se entendió con ellos por un total de 250 millones de dólares (150 mil millones de francos franceses), suma sobre de la que el Vaticano descontó 6 millones de dólares (36 millones de francos franceses) por pago rápido.
Todos estos hechos están hoy probados pero queda la gran cuestión de saber como el Vaticano que a la sazón experimentaba grandes dificultades para pagar a sus empleados pudo encontrar tan rápidamente el dinero para satisfacer a los acreedores. Se dice que los financieros del Opus Dei intervinieron y exigieron a cambio poder ejercer una influencia determinante sobre la política del Vaticano con respecto a los países comunistas y en vías de desarrollo. Esta afirmación concuerda con la de la familia Calvi y también con las del antiguo patrón de Rumasa, José María Ruiz Mateos. El Opus Dei por supuesto desmiente la afirmación con la estereotipada frase según la cual “el Opus Dei persigue fines religiosos y no tiene que ver con asuntos de carácter comercial.”
En 1975 los españoles José Ferrer Bonsoms y Pablo Bofil de Cuadras participaron en las reuniones del comité de la fundación Limmat. Desde los años cincuenta, sesenta Pablo Bofil tenía la reputación de ser financiero del opus dei. El y José Ferrer formaban parte de la dirección del banco Atlántico, institución próxima a la Obra, en el consejo de administración del que estaba también Alfred Wiederkehr, como dice el periodista español Ernesto Ekaizer. Además en 1962 Pablo Bofil y José Ferrer fundaron Bankunión, una sociedad industrial y financiera. Así se creó el grupo Atlántico-Bankunión. Más tarde José Ferrer pidió al banco Hambros que participara en Bankunión. En resumen, se creó un sistema financiero enteramente controlado por el Opus Dei. «
Después de conocer la información referida, no extraña que Falciani cifre en 200.000 millones de EUR el dinero que se evade en impuestos en un Banco en Suiza procedente de políticos y empresarios presumiblemente del Opus o allegados, porque de lo contrario serían perseguidos, y esto es solo la punta de un iceberg, porque se sabe que los defraudadores no tienen su dinero en un solo banco. (Fuente eldiario)
No es de extrañar que el PP (partido del Opus Dei) haga lo posible por obstaculizar la investigaciones del caso Gürtel, Bankia, etc. (ver más en SAQUEO DEL DINERO PÚBLICO)
A lo ya expuesto, solo añadir, que Ettore Gotti Tedeschi, miembro del Opus y presidente del Banco Vaticano, ha tenido que dimitir al ser descubierto por la policía italiana en un asunto de blanqueo de dinero. Interesante saber que Ettore Gotti fué ex-presidente de la división italiana del Banco de Santander, el banco del tristemente famoso Emilio Botín.
Artículo extraído de Opus Libros sobre una sentencia del Tribunal Supremo que muestra la afinidad de los componentes del Poder Judicial en España.
El Supremo establece que la entrega del salario al Opus Dei no es una donación
La mujer denunciante interpuso la denuncia tras dejar la Obra tras 28 años y dar todo su salario al ser numeraria.
Libertad Digital.com, 4/06/2011
El Supremo ha rechazado que el Opus Dei esté obligado a alimentar a una mujer que se dio de baja de la Obra tras entregar sus salarios durante 28 años, al estimar que no se trata de una donación sino de la aceptación de una forma de vida que implica renunciar a los ingresos obtenidos en el trabajo.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo adopta esta decisión en una sentencia en la que desestima el recurso interpuesto por esta mujer, que durante 28 años entregó la totalidad de su salario al llamado club Virunga, una residencia amparada por el Opus Dei en la República democrática del Congo (Zaire) en la que vivía «y le eran atendidas todas sus necesidades de subsistencia».
Tras causar baja como numeraria, la mujer, que trabajó primero como profesora y después como funcionaria en la Embajada de España, reclamó la «revocación de la donación por causa de ingratitud», al negarle la prelatura del Opus los alimentos necesarios para su supervivencia, y alegó que se encontraba en esas circunstancias por haber donado desde 1982 hasta 2000 todas sus retribuciones.
En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid le dio la razón y condenó a la prelatura del Opus Dei a abonarle hasta que cumpliera los 65 años una renta anual de 27.742 euros en mensualidades de 2.311 euros, que se actualizaría cada año con los datos del IPC, o bien a pagarle 277.426 en concepto de liquidación de las relaciones «jurídico-económicas mantenidas».
Sin embargo, esta sentencia fue revocada en 2008 por la Audiencia Provincial de Madrid al entender que la entrega de esos salarios forman parte de «los votos y condicionantes religiosos» de la pertenencia al Opus y no pueden ser considerados como una donación a una institución de fines sociales.
El Supremo sintoniza con este punto de vista, y al confirmar la sentencia de la Audiencia de Madrid, destaca que la entrega de esos salarios no suponen «la creación de un título jurídico que implique ni la obligación de prestar alimentos» ni «la existencia y prueba de una donación modal», regulada en el Código Civil.
Por tanto, en este caso no hay donación «ni obligación de alimentos, que nunca se contrató» y «lo único acreditado es la aceptación por ambas partes» de un régimen de vida «personal, religiosa y económica organizada por el Opus Dei».
La mujer invocó también en su recurso un precepto del Vademecum de la Prelatura del Opus que señala que a «los que no siguen adelante» hay que tratarles «siempre con mucha caridad y delicadeza» y hacer con ellos lo que nos gustaría que hiciesen con nosotros «si nos encontrásemos, en las mismas dolorosas circunstancias»·
Para el Supremo, esto es «incluso aplaudible, pero de ello no cabe deducir, como interpretación de un documento, que se dé lugar a una obligación de alimentos de origen contractual».
Enlace al artículo original:
http://www.opuslibros.org/nuevaweb/modules.php?name=News&file=article&sid=17962
El tema de las amnistías fiscales en España es un ejemplo de cómo se traiciona al interés público al dar un trato privilegiado a quienes merecen un castigo ejemplar. Desde el principio se sabía que una amnistía fiscal suponía un atentado contra los valores superiores de la Constitución Española de igualdad y justicia, y que por esta razón era ilegal. Pero el Tribunal Constitucional mediante una sentencia tardía ha permitido que se cometa el atropello, además de la impunidad de quienes han colaborado con semejante fraude.
Vamos a centrarnos en la amnistía fiscal de Cristobal Montoro para comprender el alcance de la posible responsabilidad criminal en la que pudieran incurrir los implicados en este proceso.
La amnistía fiscal de Montoro surge tras la revelación de las listas de Falciani, que delataban a cientos de contribuyentes españoles con cuentas en una sucursal de un banco en Suiza. Según Falciani, la cantidad que las autoridades españolas podrían recuperar de los defraudadores ascendía a 200.000 millones de EUR. Esta cifra la estimaba basándose en la documentación que él tenía en su poder. El Gobierno en lugar de perseguir a los responsables de fraude fiscal, los perdonó por su posible responsabilidad criminal, y además les hizo rebaja de tal forma que muchos pagaron en concepto de impuestos considerablemente menos del ya insultante 10% que Montoro había propuesto en un principio. El resultado fue que de esos 200.000 millones que se podrían haber recaudado gracias a las listas de Falciani, solo se recaudaron menos de 2.000 millones de EUR en base a una clara complicidad del Gobierno con los delincuentes defraudadores. Montoro ha demostrado su trato de amistad con los delincuentes económicos al encubrirlos, perdonarlos y darles trato especial de una forma insultante para los contribuyentes. Solo imaginar que hubiera sucedido si Pablo Iglesias hubiese estado incluido en las listas de Falciani, probablemente le hubiese faltado tiempo para hacer públicos sus posibles delitos y denunciarlo como hizo con Monedero.
Dentro de las posibles conductas delictivas tipificadas en el Código Penal español que recoge la amnistía fiscal de Montoro, se me ocurría en un principio que podrían ser: administración desleal, cooperación necesaria para fraude fiscal y alta traición. Pero para salir de dudas le pregunté a un catedrático de Derecho Penal de una universidad española, antiguo conocido, que me respondió lo siguiente: “…y prevaricación, malversación, cooperación activa y en comisión por omisión de defraudaciones a la Hacienda Pública, Seguridad Social, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos, etc.”
No cabe duda de que la actuación de Montoro no solo es inconstitucional, sino que también supone un conjunto de actuaciones delictivas que debieran de ser perseguidas de oficio. Es indignante que tan solo se publiquen tímidas peticiones de dimisión, cuando en realidad estamos ante un caso evidente de corrupción del que debieran depurarse responsabilidades penales. Las pérdidas al erario público que supone la amnistía fiscal de Montoro ascienden a más de 198.000 millones de EUR, y esto sumado a los 60.000 millones regalados a los bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia, etc., nos da una idea del saqueo que están realizando con total impunidad, aunque probablemente los datos aportados sean tan solo la punta de un iceberg.
Las consecuencias de tener un Gobierno controlado por el Opus Dei no podían ser otras que un descomunal saqueo de los bienes públicos. Va siendo hora que en lugar de pedir dimisiones, se les empiece a perseguir de oficio.
PD. Las palabras subrayadas son enlaces a fuentes de información.
